Un tribunal de Bruselas dió 30 días de plazo al Gobierno de Bélgica para levantar las restricciones impuestas para frenar la pandemia de coronavirus.

De acuerdo lo dicho al periódico Soir, Audrey Lackner, abogada de la Liga de Derechos Humanos que había interpuesto esta acción, si él Estado no cumple el plazo fijado por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, deberá pagar una multa de 5 mil euros diarios.

Está agrupación considera antidemocrática la forma en que el Gobierno federal impone restricciones a las libertades, y para Lackner, el tribunal decidió que la base legal en la que se basan las órdenes restrictivas no es válida.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos habían presentado hace una solicitud ante el tribunal para obligar al Estado a suspender el decreto ministerial del 28 de octubre de 2020 y sus modificaciones anteriores.

Tanto Lackner como Audrey Despontin, abogadas de las organizaciones, habían sostenido que estos decretos “se basan en bases legales inadecuadas y son sistemáticamente excluidos de la consulta de la sección de legislación del Consejo de Estado bajo pretexto de emergencia”. Sin embargo, tras un año de crisis sanitaria, la emergencia ya no es excusa para evitar un debate parlamentario sobre las medidas a tomar.

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