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Laura Meléndez

Tuvieron que morir dos jesuitas para que los gobiernos estatal y federal fueran por “El Chueco”

El gobernador García Cabeza de Vaca tendrá que responder por ataques contra el presidente López Obrador y al exsubsecretario Ricardo Peralta. Por Enrique Muñoz.



En 2016, se convirtió en el jefe de Gente Nueva, facción del Cártel de Sinaloa, y desde entonces, se le conocía en la Tarahumara como el mandamás de la siembra de amapola, la tala y extracción ilegal de madera, el cobro de piso y autor de varios homicidios, como el de 2018 del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew, al que confundió como “agente de la DEA” que iba tras él. Hoy, las autoridades de Chihuahua y de la Federación ya se acordaron de José Noriel Portillo Gil, El Chueco, y ofrecen cinco millones por datos que lleven a su captura tras el escandaloso asesinato de dos curas jesuitas. Como El Chueco, ¿cuántos más se pasean impunemente solos o en grupo sembrando el terror en un país sin estrategia contra el crimen organizado? Porque aquello de abrazos, no balazos, no es una estrategia, sino la omisión criminal de un deber constitucional del Estado Mexicano.


A quien cada vez se le ve más preocupado es al aún gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Dicen que hubo ataques que se originaron desde su oficina contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y contra el ex subsecretario de gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, con la idea de apoyar a su gallo, César Verástegui, cosa que evidentemente no logró. Ese golpeteo contra el gobierno federal y exfuncionario no ayudó y por el contrario, Ricardo Peralta, primer director de aduanas de López Obrador ha pedido se aclare la situación y ya iniciaron denuncias penales contra los “golpeadores”. Y es que el todavía gobernador trató de vincular al gobierno federal, al gobernador electo Américo Villarreal y a Peralta con Sergio Carmona, asesinado en 2021 y conocido como El Rey del Huachicol. Se pueden sumar más denuncias contra Cabeza de Vaca por estos hechos.


Un ola de suspicacias ha despertado la aparición de anuncios espectaculares con la imagen del dirigente del PRI en el Estado de México, Eric Sevilla, en los que aparece en mangas de camisa diciendo: “Tu causa es la nuestra”, por lo que no faltan quienes ya lo ven como otro aspirante tricolor a la gubernatura que se disputa en esa entidad el próximo año. Desde Toluca nos hacen ver que se trata de un posicionamiento del PRI ante el proceso electoral de 2023, que tienen claro que no puede haber un candidato sino hasta principios del próximo año, y que es parte de una estrategia del partido rumbo a las elecciones. Sevilla y su equipo, nos dicen, comenzaron a trabajar desde hace unas semanas con el objetivo de no ceder la entidad que nunca en su historia ha dejado de ser priista.


Como una muestra más de que la justicia en México favorece a los ricos, a los “machuchones”, como dice el mismo presidente, está la nueva filtración telefónica en que se escucha al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, obsequiando a Emilio Lozoya Thalmann un trato preferencial y la libertad de su hijo Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos. Mientras miles de procesados siguen en espera de un proceso justo y expedito pudriéndose en las cárceles del país, Gertz gira groseramente instrucciones a un sumiso Lozoya Thalmann y hasta le ordena cambiar a su “abogadete” defensor para poder librar del bote al junior que finalmente, ante las fotografías que lo captan dándose la gran vida en lujoso restaurante de Las Lomas, tuvieron que encerrar debido a la presión mediática. Bonita la corrupción de la 4T. Como éste, ¿cuántos casos más ha arreglado en lo oscurito el intocable fiscal Gertz?


"Alejandro, ¿aún sigues en el PRI?”, así dice el mensaje que en redes advierte que para mañana martes Layda Sansores volverá al ataque con nuevos audios que comprometen al dirigente tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas. En la edición 31 de su programa Martes del Jaguar, Sansores promete otro audio de Alito que involucra a un medio de comunicación. Por lo que se ve, al ex gobernador campechano y nuevo potentado inmobiliario, le seguirán sacando sus trapitos al sol.


Siete de los 15 diputados morenistas en el Congreso de Tamaulipas fueron denunciados por su contraparte de la bancada panista por los delitos de atentado contra la soberanía, rebelión, sedición y otros desórdenes públicos, asonada o motín, desobediencia, resistencia y coacción de particulares, coalición, provocación o apología del delito, abuso de autoridad y daño en propiedad ajena. Lo anterior, tras el zafarrancho que armaron para evitar la discusión de una reforma interna que finalmente se aprobó sin su presencia y, aunque los legisladores morenistas tienen fuero, el castigo alcanzará a sus asesores y ayudantes. En el grupo de denunciados ante la fiscalía del estado no podía faltar la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de López Obrador, conocida como la “diputada moches” por la grabación en que pide inflar una factura para quedarse con su parte y recientemente, por robar el celular de otro legislador en plena cámara. Por cierto que en aquella entidad el gobernador electo, Américo Villarreal, ya conforma su gabinete en el que, aseguran, privilegia la lealtad al movimiento de la 4T, aunque la capacidad quede francamente de lado.


@enriquemunozfm

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