Sociedad civil debe participar en postulación de nuevos magistrados, dice relatora de la ONU

Este año concluye el encargo de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones de Guatemala, y para la relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, la sociedad civil debe participar en el proceso.

Ahora, el Congreso guatemalteco deberá elegir nuevos magistrados con base en listas escogidas por las Comisiones de Postulación juramentadas recientemente.

Margaret Satterthwaite, la relatora especial de la ONU acogió con beneplácito dicha juramentación y recordó que todas las personas que integren las Comisiones deben, de acuerdo con la ley, “actuar con responsabilidad, y sentirse motivados por el interés nacional”.

“De este modo, las decisiones de las Comisiones representarán los intereses más amplios de la sociedad”, sostuvo Satterthwaite en un comunicado.

La experta pidió a las Comisiones hacer públicos los indicadores de cada uno de los criterios para determinar la idoneidad de las y los candidatos: “capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y honorabilidad acreditada”.

La relatora señaló que la sociedad civil debe poder participar plena y significativamente en la consideración de las y los candidatos y en la supervisión del proceso, por lo que instó a las Comisiones a considerar y responder sustantivamente a las objeciones o “tachas” presentadas por sociedad civil.

Asimismo, urgió a no repetir el pasado, cuando los jueces no fueron nombrados durante casi un mandato completo, señalando que “el pueblo guatemalteco merece tribunales conformados por juezas y jueces del más alto calibre, nombrados de forma oportuna, cumpliendo los plazos legales”.

Recalcó que debe haber un esquema claro de evaluación con la puntuación que se asigna a cada criterio claramente especificada y compartida desde el inicio del proceso.

El esquema de evaluación y el cronograma que se seguirán deben detallar los métodos de evaluación, criterios para posibles exclusiones de postulantes, y criterios para la aceptación o exclusión de objeciones a candidaturas.

Satterthwaite consideró que en el caso de las y los funcionarios que ya ocupan cargos judiciales, los criterios de capacidad y especialidad deben incluir una evaluación independiente del desempeño actual de sus funciones.

Respecto a los criterios de honradez y honorabilidad, subrayó que no haber tenido una sentencia penal es insuficiente por sí sola y argumentó que debe exigirse a los candidatos que presenten una declaración jurada y pública de bienes, contratos de trabajo y una declaración jurada y pública de conflictos de interés personales y comerciales.

“Todos estos elementos deberían tenerse en cuenta a la hora de evaluar la honradez y la honorabilidad”, enfatizó. (Naciones Unidas)