Ante la aprobación de Ley Federal de Derechos en la Cámara de Diputados, que eliminó la excepción prevista en la ley para visitantes de cruceros que solo están unas horas en nuestras comunidades portuarias, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre, hizo un llamado a las autoridades para que evalúen la medida y reconsideren la aprobación de la misma en el Senado, pues afectaría a los comercios, negocios y empresas que dependen de esta actividad económica.
Dijo que la eliminación de la excepción implicará de manera inmediata un pago de 860.56 pesos equivalentes a 42 dólares por pasajero, en cruceros que arriben a puertos en el territorio mexicano.
De la Torre comentó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, el ingreso de divisas por excursionistas en cruceros de enero a julio de este año, ascendió a 498.3 millones de dólares, y que de aplicarse el impuesto, este ingreso seguramente caería afectando a la economía local, y por ende a la nacional.
Más aún, señaló que, al sector le preocupa que de aprobarse la medida, el cobro del pago podría desincentivar la llegada de cruceros a puertos mexicanos, favoreciendo destinos alternativos en el Caribe y Centroamérica. Explica que “esto podría traducirse en una disminución significativa de visitantes, afectando gravemente a pequeños y medianos empresarios que dependen de la actividad turística para subsistir, principalmente en Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta, Acapulco, Ensenada, Puerto Chiapas (Puerto Madero); Puerto Progreso, y Cabo San Lucas, donde arriba 90% de los cruceristas”, dijo.
Mencionó que “las comunidades locales están sumamente preocupadas porque serían las más afectadas ante la eliminación de la excepción del Derecho de No Inmigrante, particularmente aquellas cuyo sustento depende de los ingresos generados por cruceristas: Comerciantes, guías de turistas, restauranteros y artesanos, podrían enfrentar una caída abrupta en sus ingresos, agravando la desigualdad económica y social en estas regiones”, reiteró De la Torre.
El presidente refirió que en días pasados en reuniones con los equipos de la Secretaría de Turismo federal; de la Secretaría de Hacienda, y con diversas Secretarías de Turismo de las entidades que reciben cruceros, se abordó este tema, pues entre las implicaciones están que el cobro podría generar conflictos legales y logísticos, afectando tanto a operadores de cruceros como a turistas que planearon sus vacaciones bajo las condiciones actuales, por el estatus de los paquetes turísticos ya pagados para el año 2025.
Asimismo, suponiendo que la medida entre en vigor, el reto también será que las autoridades federales tengan la capacidad para cobrar el derecho y permitir que el flujo de los visitantes que quieran bajar del barco lo hagan rápidamente y aprovechen visitar los comercios de los puertos mexicanos.
También podría generar desaliento de visitantes internacionales en crucero debido al incremento en el costo del viaje todo incluido, cuando solo están horas en el puerto y no realizan pernocta, y además, los puertos mexicanos serían 213% más caros que los puertos del Caribe, de acuerdo con Asociaciones de Cruceros y Secretarías de Turismo estatales.
Al reducirse los cruceristas podría darse una posible pérdida de empleos en servicios portuarios a cruceros, así como en transporte, comercios, restaurantes y tours, y las inversiones en infraestructura portuaria podrían detenerse mientras las líneas de cruceros realizan sus análisis de impacto económico hacia sus empresas.
La Confederación ha recibido cartas de las Cámaras de Comercio de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Yucatán; así como de agrupaciones como la Asociación Mexicana de Empresas de Cruceros, la Asociación Mexicana de Empresas para la Atención de Cruceros Turísticos; Federación Mexicana de Agencias Turísticas, y operadores relacionados como ACONSUR y Terminal de Cruceros Punta Langosta de Cozumel, en las cuales externan las inquietudes y preocupaciones de sus afiliados y solicitan el apoyo de la Confederación para intervenir ante las autoridades federales sobre la medida.
De igual forma hizo un llamado al Gobierno Federal para analizar y reconsiderar esta medida.
“Somos conscientes de las necesidades de financiamiento que el gobierno tiene, y de medidas que puede implementar para captar recursos; lo importante de esto es que haya un diálogo donde todos los actores involucrados puedan participar, externar su opinión y proponer opciones para transitar hacía las acciones de manera planeada, con un orden operativo y de tiempo, lo importante es llegar a acuerdos que sumen en beneficio de todos.”
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