Argentina vive al cierre del 2023 una de las etapas más duras de su vida democrática con la elección de un ultraderechista que en cuanto tomó el mando del país lanzó una serie de medidas que podrían provocar otro estallido social porque la población será todavía más pobre de lo que era hace unos meses.
Esto viene ahora muy a colación porque justo el 19 de diciembre de 2001 en Argentina, comenzó la movilización popular conocida como argentinazo a partir del descontento social hacia las medidas económicas del gobierno y la imposición del estado de sitio.
La crisis de diciembre de 2001 en Argentina fue generada por la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas y cajas de ahorro denominada “Corralito”, que derivaron en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 200. La mayor parte de los inconformes convocados, que no respondían a partidos políticos o movimientos sociales y su lema fue: "¡Que se vayan todos!" En las protestas murieron 39 personas, entre ellos 9 menores.
El gobierno de Fernando De la Rúa había iniciado en 1999 en medio de una recesión, en parte favorecida por la Ley de Convertibilidad de 1991, que fijaba la paridad del peso y el dólar, política que fue efectiva en los primeros años de gobierno de Carlos Menem y que en 1997 comenzó a mostrar sus debilidades. Para mantenerla, se necesitaba la entrada de divisas, pero como ya no ingresó el dinero suficiente al país, debido al bajo precio de los granos, se debió refinanciar deuda a intereses más altos.
De la Rúa mantuvo la ley como lo ofreció en su campaña electoral y provocó que la situación financiera fuera más crítica, aplicándose medidas como El blindaje, que consistían en endeudamiento exterior. La crisis llegó a un punto insostenible el 29 de noviembre de 2001, cuando grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y el sistema bancario colapsó por la fuga de capitales y la decisión del Fondo Monetario de negarse a refinanciar la deuda
Para contrarrestar la fuga de capitales por 81.800 millones de dólares, el 2 de diciembre, el gobierno anunció la nueva política económica de restricciones al retiro de depósitos bancarios, denominada Corralito, y la reacción popular fue negativa, especialmente entre la clase media, por lo que la crisis económica desembocó en una política.
Entre el 16 y el 19 de diciembre se produjeron saqueos a supermercados en Buenos Aires, el presidente decretó el estado de sitio, y las protestas se extendieron a la madrugada del 20 de diciembre, siendo reprimidas. A pesar del estado de sitio decretado por De la Rúa, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país se llenaron de protestas. La represión, que se transmitió por televisión, radio y algunas emisoras internacionales, generó que más grupos políticos y manifestantes se acercasen a la Plaza. Los incidentes fueron creciendo y se produjeron 4 muertos a manos de la policía.
Alrededor de las 19 horas, De la Rúa renunció tras el fracaso de sus intentos políticos de salvar al Gobierno, saliendo de la Casa Rosada en helicóptero. El día 23 asumía la presidencia Adolfo Rodríguez Saá y entre sus medidas estaba la suspensión del pago de la deuda externa, anuncio hecho en el Congreso, y prometió reintegrar el dinero sustraído a los ahorristas (hecho que nunca sucedió) y la creación de un millón de empleos. El 30 de diciembre renunciaría Rodríguez Saá, alegando falta de apoyo político, lo que desencadenó una nueva ola de inestabilidad.
El 2 de enero de 2002 asumió Eduardo Duhalde como presidente interino, anunciando que serían devueltos los montos sustraídos a la población en la misma cantidad en que habían sido depositados, con la frase: “el que depositó dólares, recibirá dólares”, en la misma moneda en que éstos habían sido efectuados, así garantizaba la paz social y el fin de la controvertida Convertibilidad
A ver que sucede 21 años después…el problema para los inconformes es que. A diferencia de hace 2 décadas, esta vez el gobierno, en lugar de escucharlos, los va a mandar a la cárcel como consecuencia de los anuncios en materia de seguridad que van a criminalizar las movilizaciones de protesta.
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