Lamentan ONG's respuesta del gobierno mexicano al Parlamento Europeo

Organismos de derechos humanos encabezados por Amnistía Internacional criticaron la respuesta del Gobierno de México a la resolución emitida el jueves por el Parlamento Europeo, que condenó la violencia, violaciones a derechos humanos y ataques contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, incluidas personas defensoras del medio ambiente, pueblos y comunidades indígenas, así como de quienes defienden los derechos de las mujeres en México.

En un comunicado, resaltan que dicho Parlamento no había emitido una resolución de urgencia sobre México desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014.

El texto da cuenta de diversos llamados y declaraciones de la delegación de la Unión Europea en México, condenando los asesinatos de al menos 6 periodistas en lo que va del 2022, y apunta que ahora, el Parlamento Europeo reiteró al Estado mexicano su obligación internacional de adoptar medidas concretas, eficaces y coherentes para prevenir, proteger, investigar y reparar las violaciones a derechos humanos en contra de quienes defienden derechos humanos y ejercen su derecho a la libertad de expresión a través de la labor periodística.

Amnistía y las ONG'S firmantes lamentan la respuesta del Estado Mexicano frente a la resolución que, dicen, lejos de reconocer el grave riesgo que enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, debilita las alianzas y desconoce la relación de estrecha cooperación que se ha mantenido por años con instituciones de la Unión Europea.

Eurodiputadas/os de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo de diferentes fracciones partidistas, manifestaron preocupación por las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra las y los periodistas y su labor y solicitaron a las mismas abstenerse de publicar cualquier comunicación que pueda estigmatizar a las y los defensores de los derechos humanos, las y los periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

Ante las grandes deficiencias por parte de las autoridades mexicanas para proteger la vida e integridad de personas defensoras y periodistas, así como de investigar y sancionar a quienes resulten responsables de los delitos que se cometen en su contra, las organizaciones firmantes expresan que es urgente que el Estado adopte una política pública de protección integral que genere un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos.

Asimismo, que proteja eficaz y adecuadamente a este grupo poblacional con medidas proporcionales al riesgo y culturalmente aceptables, repare integralmente a las víctimas y adopte medidas contundentes para revertir los elevados índices de impunidad.

Finalmente, se suman al llamado del Parlamento Europeo y exigen al Estado mexicano honrar sus obligaciones internacionales, fortaleciendo el Estado de derecho y haciendo cumplir los marcos normativos que las organizaciones de la sociedad civil han mpulsado.