Luego de que la jueza Nancy Juárez, de un juzgado de Coatzacoalcos, emitió una orden para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al Poder Judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras a respetar las leyes y no vulnerar el Estado de derecho.
La mandataria ratificó que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que esta medida jurídica no es aplicable en modificaciones a la Constitución Política.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la jefa del ejecutivo federal expuso que "ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien, es que desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras".
Denuncia Sheinbaum que "se está queriendo poner que la Presidenta está en desacato, cuando los primeros que están violando las leyes y vulnerando el Estado de derecho son los propios jueces, juezas".
Señalo que dicha jueza violenta la Ley de Amparo, y cuestionó como era posible que se admita un amparo, cuando la Ley correspondiente en su artículo 61 dice claramente en su artículo primero, que el amparo "no es procedente para cambios constitucionales?”
Demandó que se cumpla la ley, y apuntó que jueces y juezas son los primeros que deben de dar ejemplo del cumplimiento de la ley y no la cumplen; por eso es la reforma, " porque hay mucha corrupción en el Poder Judicia, porque corrupción es tanto quien recibe dinero para hacer una sentencia, como quien viola la ley".
Mostró una vez más ante los medios que la reforma al Poder Judicial cumplió en tiempo y forma todos los procesos que marca la legalidad, y que lo que ordenó la jueza de eliminar la publicación de la reforma judicial en el DOF, es un hecho que no había ocurrido en los últimos 30 años, y el Gobierno de México, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, recurrirá al Consejo de la Judicatura Federal para dar a conocer que se están violentando las leyes, así como al Congreso de la Unión para preguntar la legalidad de este amparo.
“Vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se está violando la Ley de Amparo y aun así se está haciendo una resolución de una suspensión”.
Resaltó que los amparos que se han interpuesto contra la reforma judicial son intentos fallidos e improcedentes de jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras que intentan mantener sus privilegios sobre la voluntad ya marcada por el pueblo de México.
Mas aún, volvió a mencionar que los paristas siguen cobrando íntegro su sueldo, y que eso no sucede cuando una persona decide irse a huelga, por lo que aquí también se violenta la ley.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que la reforma al Poder Judicial es una necesidad derivada de que jueces, juezas, ministros, ministras y magistrados suelen cometer actos que afectan la impartición de justicia, por ejemplo, mediante la liberación de delincuentes; como el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos a quien se le otorga un amparo por el juez Juan Pedro Contreras para dejar sin efecto la prisión preventiva, o el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, cuya orden de aprehensión no se acató por un amparo concedido por la jueza octava de distrito, Adriana Yolanda Vega.
Destacó otras acciones que ponen en duda el actuar del Poder Judicial, como no emitir sentencia para 6 mil 97 personas privadas de la libertad de 21 mil detenidos que existen en el país; otorgar amparos y suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas, tales como a la Ley de la Industria Eléctrica, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Tren Maya o los libros de textos gratuitos del ciclo escolar 2023-2024.
“Integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones y amparos, frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicanas y garantizar los derechos de la ciudadanía.”
También mencionó la injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales, como el recurso interpuesto por el dirigente del Partido Acción Nacional y admitido por la ministra Norma Piña para que la SJCN interpretara y definiera criterios para la asignación de diputaciones plurinominales; procesos viciados en la selección de jueces, como la venta de exámenes de oposición en 186 mil pesos, así como el nepotismo dentro de las instituciones de impartición de justicia, donde 49 por ciento, equivalente a la mitad del personal, tiene al menos un familiar en el PJ.
Destacó que, en la actualidad, jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras tienen salario y prestaciones superiores a las que marca el artículo 127 de la Constitución: un consejero de la judicatura gana hasta 5 millones 529 mil 451 pesos brutos anuales, mientras que un magistrado recibe 4 millones 490 mil, 441 pesos al año, y un juez de distrito cuatro millones 050 mil 903, sin importar que tengan denuncias, quejas o sanciones en su contra, como es el caso de la jueza Nancy Juárez, que ha sido señalada por desempeño deficiente, nepotismo y acoso laboral.
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