Al presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol se le está complicando su situación legal día con día, y la Fiscalía surcoreana decidió imputarlo por presuntamente encabezar una insurrección y abusar de su poder al declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre, la cual fue desmontada horas después por el Parlamento.
La imputación, supone la primera en la historia de Corea del Sur contra un presidente en funciones y que está bajo arresto, y se produce 2 días antes de que expirara el período de detención decretado para que el mandatario sea interrogado por las autoridades.
Yoon está bajo arresto preventivo desde el 15 de enero, y fue imputado a petición de la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), organismo que está al frente de la investigación penal sobre el jefe de estado por haber decretado la ley marcial.
Luego de analizar las pruebas disponibles sobre el caso y ponderar que se trataba de la mejor opción antes de que expirara el plazo de detención de Yoon, fue que la Fiscalía decidió proceder con la imputación.
La investigación de la CIO apunta que Yoon conspiró con el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y otros militares para declarar la ley marcial la noche del 3 de diciembre. Además de abusar de su poder al enviar tropas a la Asamblea Nacional para impedir que los diputados revocaran el decreto.
Si Yoon es encontrado culpable de encabezar una insurrección, delito para el cual no tiene inmunidad aunque sea presidente, podría ser condenado a cadena perpetua o recibir la pena de muerte, sobre la que existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997.
Sudcorea no es Estados Unidos, donde la insurrección si se perdona a un presidente como sucedió con Donald Trump.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional está celebrando un juicio político para determinar si ratifica o no la destitución de Yoon aprobada por el Parlamento el 14 de diciembre.
En caso de que wl máximo tribunal surcoreano confirme su inhabilitación, deberán convocarse elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo de la corte.
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