Como se esperaba, autoridades surcoreanas intentaron sin éxito este viernes un operativo para detener al presidente del país, Yoon Suk-yeol, quien está suspendido de sus funciones, con el objetivo de interrogarlo en torno a su decisión de haber decretado la ley marcial en diciembre pasado, y que prácticamente le ha costado el trabajo.
Debido a la oposición del servicio de seguridad del mandatario suspendido en su residencia en Seúl para que se llevara a cabo la diligencia, el operativo fue cancelado
Un vocero de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) dijo a la prensa que la operación se canceló minutos después de la una de la tarde hora local, luego de que un grupo de 30 agentes de este organismo y 50 policías, discutieran por espacio de casi 4 horas con el servicio de seguridad presidencial, que se negó a facilitar el acceso al interior de la residencia.
Citado por la agencia de noticias Yonhap, el portavoz expuso que "en cuanto a la ejecución de la orden de arresto hoy, ante el punto muerto persistente, hemos determinado que era virtualmente imposible ejecutar la orden y estábamos preocupados por la seguridad de las personas sobre el terreno debido a la obstrucción para ejecutarla".
Asimismo, el vocero señaló que se estudiarán ahora otras medidas y agregó que lamentan "profundamente la actitud del sospechoso, que no acató los procedimientos legales".
El equipo de agentes del CIO y Policía pudo pasar un primer control militar en el perímetro de la residencia, pero luego se encaró con el servicio de seguridad presidencial, que se negó a validar las órdenes de arresto y cateo liberadas el pasado martes después de que Yoon desacatara 3 citatorios para declarar sobre su decisión de decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Mientras tanto, centenares de seguidores del presidente suspendido que estaban reunidos cerca de su residencia celebraron la noticia, y la Policía ha desplegó un contingente de cerca de 3 mil efectivos en las cercanías de la residencia presidencial, situada en el barrio de Hannam en Seúl, para evitar altercados.
Los abogados de Yoon solicitaron una orden judicial para anular la orden de detención argumentando que solo la Fiscalía puede solicitar ese tipo de arresto, y han insistido en que es "ilegal" tras conocer que las autoridades estaban dentro del recinto.
El presidente tiene prohibido salir del país tras ser destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre y está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio próximo si lo restituye o lo cesa definitivamente. De ser detenido, el CIO, la Policía y el Ministerio de Defensa Nacional, disponen de 48 horas para interrogarlo o solicitar una orden para prolongar la detención si es necesario.
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