En un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que asegura se integra por Obispos católicos presentes en el país, y ciudadanos comprometidos con el bien común, manifestó a la ciudadanía, la opinión pública y a los 3 Poderes de la Unión, su más profunda preocupación ante lo que califican de "gravedad de los recientes hechos que acentúan una polarización sin precedentes en torno al marco legal y a la armonía entre los distintos poderes del país".
Los religiosos afirman que reconocen que México es un gran país que no se inventa, una y otra vez, con la llegada de nuevas administraciones.
Señalan que la grandeza de México como Nación estriba, entre otras cosas, en su capacidad probada de darnos un "ordenamiento jurídico" e "instituciones" que aseguren un mínimo de civilidad, así como una dirección de progreso, condiciones necesarias para garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los mexicanos.
Expresan que este ordenamiento institucional, sustentado en el respeto a la dignidad inalienable de la persona humana, es el que hace posible la promoción del bien común, la solidaridad y la justicia social.
En cuanto a la Reforma Judicial, el Episcopado Mexicano considera que la Reforma Constitucional al Poder Judicial que está en curso debe ser más ampliamente discutida y analizada por parte del Poder Legislativo, siguiendo el principio de subsidiariedad, pilar fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que reconoce y promueve la participación de todos los actores sociales en las decisiones que afectan a la comunidad.
A su juicio, esto implica tomar en cuenta a todas las fuerzas políticas representadas y escuchar a los especialistas en Derecho Constitucional.
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