La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por lo que considera el uso abusivo de elementos represivos de las Fuerzas federales de Seguridad durante una manifestación el 12 de junio frente al Congreso contra la aprobación de una ley fundamental para el Gobierno de Javier Milei, para desregular la economía.
En un comunicado, el organismo apunta que "el uso desproporcionado de armas menos letales, como irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma y camiones hidrantes por parte de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional durante las manifestaciones", fue constatado por informaciones recibidas por la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Ambos organismos indicaron que hubo agentes policiales sin uniforme y que miembros de la Prefectura Naval llevaban armas de fuego durante la marcha.
Tanto la Comisión Interamericana como la Relatoría Especial, precisaron que "a ello se suman reportes de periodistas y trabajadores de la prensa que resultaron heridos, debido al uso presuntamente abusivo de gas pimienta y balas de goma por agentes de la fuerza pública".
La CIDH consideró "de especial preocupación, las declaraciones estigmatizantes y criminalizantes contra manifestantes realizadas por el Gobierno", dentro de una protesta convocada por organizaciones sindicales, universidades y organismos de derechos humanos
Durante las protestas contra la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y del paquete fiscal que la acompañaba, aprobadas por la Cámara de Diputados el 26 de junio, hubo hechos de violencia provocados por particulares y agresiones contra manifestantes y periodistas.
Las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 33 personas acusadas de delitos contra el orden público y constitucional, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, y 28 de ellas fueron liberadas por falta de mérito.
Las 5 restantes fueron procesadas con prisión preventiva por una jueza que cuestionó el accionar de la policía, y advirtió que los sumarios estaban "muy mal instruidos" e "incompletos", además de que resaltó la "falta de entrenamiento" en las fuerzas de seguridad.
El Gobierno respondió que respetó los procedimientos judiciales, con las garantías del derecho a la defensa y al debido proceso.
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