El Congreso recibirá una iniciativa de ley para tipificar como grave el delito de extorsión, unificar los tipos penales y sanciones a nivel nacional, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al reunirse con la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
La funcionaria felicitó a los legisladores por el trabajo realizado durante 3 años, en donde han acompañado el proyecto de nación impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre dicho asunto, aseguró que esa reforma evitará la liberación de quienes cometan extorsión y garantizará la reparación del daño a las víctimas.
“Por ello, se requiere una adición al artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la derogación del artículo 390 del Código Penal Federal”, señaló.
Comentó que se trabaja con las empresas telefónicas, lo cual ha permitido la cancelación de más de 9 mil tarjetas SIM, y el bloqueo de 16 mil dispositivos móviles que eran usados en penales estatales para la realizar llamadas extorsivas.
La secretaria también pidió el apoyo de los legisladores para apoyar una segunda iniciativa, la cual tiene el propósito de consolidar a la Guardia Nacional.
Indicó que por primera vez en los últimos 3 sexenios el homicidio doloso presenta una disminución de 20%, al cierre de 2023.
En su exposición, la también coordinadora del gabinete de seguridad nacional reportó resultados obtenidos en la administración, como es la destrucción de 2 mil 389 laboratorios clandestinos.
Ofreció una serie de cifras para mostrar los avances en el actual sexenio en materia de seguridad, como son la incautación de más de 555 toneladas de metanfetamina, más de 191 toneladas de cocaína; más de 8.1 toneladas de fentanilo; el aseguramiento de más de 48 mil armas de fuego de alto poder, más de 198 mil cargadores, más de 19 millones de cartuchos y tres mil 201 granadas.
La funcionaria federal se refirió al Programa de Regularización de Autos Usados de Procedencia Extranjera, y apuntó que en
diciembre pasado, agregó, se incorporó la regularización de vehículos procedentes de Europa y Asia, de modelos anteriores a 2017 que hayan sido comercializados en Estados Unidos o Canadá.
“Esta acción, de ninguna manera afecta a esta industria, ya que, insistimos, está dirigida a regularizar modelos anteriores a 2017 que ya estaban en nuestro país y que sirven a las comunidades para realizar trabajo rural, fundamentalmente”, detalló.
Enfatizó que con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se han sentado las bases para tener un país más seguro, en paz y con justicia.
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