La presidenta de Perú, Dina Boluarte no tiene la capacidad de análisis para entender los muchos años de agravios con la población obre de su país, y de nueva cuenta, dijo que detrás de las protestas en su contra desde diciembre de 2022 cuando aceptó ocupar la silla del expresidente Pedro Castillo hay financiamiento del narcotráfico.
La mandataria interina dijo a reporteros luego del lanzamiento de la Semana Santa en Ayacucho, que "con presupuesto desde el lado del narcotráfico y desde el lado ilegal" se impulsaron estas movilizaciones.
Nada que ver con la inconformidad social por la situación de miseria en que viven millones de personas, y el fracaso de una clase política ahogada en corrupción con casos como el de Odebrecht
Hasta ahora, no hay una sola prueba presentada por el gobierno que respalde lo dicho por Boluarte sobre tal financiamiento.
Lo que es real, es que al menos 60 personas han muerto durante las protestas, la mayoría de los decesos producto de la represión de las fuerzas del estado como lo han probado medios internacionales y organismos de derechos humanos.
Boluarte lamentó lo sucedido en la zona sur de Perú, una de las regiones donde tiene altos niveles de desaprobación y centro de duras protestas en donde han muerto al menos 10 personas.
Buscando culpables donde no los hay porque está documentado quienes fueron los responsables de las muertes de los manifestantes, la presidenta declaró que "muchos compatriotas perdieron la vida, por lo que reitero mis condolencias a la familia ayacuchana, pero también el compromiso que se conozca, se identifique y estos hechos no queden impunes.
Señaló que su gabinete sigue apostando por el diálogo, el entendimiento, la reconciliación y la paz social.
Por otro lado, se deslindó de las acusaciones de haber recibido financiamiento, durante su campaña electoral con Pedro Castillo en 2021, asegurando que era un "deslinde tajante y categórico de los actos de corrupción que se cometieron en nuestro país en los últimos tiempos".
Mientras tanto, el gobierno peruano oficializó la destitución de Raúl Alfaro Alvarado como comandante general de la Policía Nacional del Perú, por un "evidente conflictos de intereses y de incompatibilidad en el ejercicio del cargo", en referencia al supuesto vínculo con Jorge Hernández, investigado por liderar una presunta red de espionaje encabezada por el expresidente Castillo.
Tampoco esa red de espionaje ha sido comprobada hasta ahora
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