Para los obispos católicos de Estados Unidos, la suspensión del financiamiento para reasentar refugiados, es algo que amerita una demanda contra el gobierno del presidente convicto Donald Trump.
Señalan que se trata de una acción ilegal que perjudica a los refugiados recién llegados y para el programa privado de reasentamiento más grande del país.
Según la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), al retener millones de dólares incluso para reembolso de costos incurridos antes del anuncio, el gobierno viola leyes así como la disposición constitucional que otorga control de los fondos al Congreso, el cual ya había aprobado el financiamiento.
Los Servicios de Migración y Refugiados de la conferencia han enviado avisos de despido a 50 trabajadores, más de la mitad de su personal, y habrá más recortes en oficinas locales de Caridades Católicas que colaboran con la oficina nacional, según la demanda.
El arzobispo Timothy Broglio, presidente de la USCCB, dijo que "la Iglesia Católica siempre trabaja para defender el bien común de todos y promover la dignidad de la persona humana, especialmente de los más vulnerables”.
“Eso incluye a los no nacidos, los pobres, el extranjero, los ancianos y enfermos, y los migrantes”. Sostiene además que la suspensión de financiamiento le impide a la iglesia hacer su trabajo.
“De un momento al otro, la conferencia se encuentra incapaz de sostener su trabajo para cuidar a los miles de refugiados que fueron acogidos en nuestro país y asignados al cuidado de la USCCB por el gobierno después de haber recibido estatus legal”, subrayó Broglio.
La conferencia intenta mantener el programa en funcionamiento, pero es “financieramente insostenible”, agregó, señalando que busca que el gobierno de Estados Unidos cumpla con sus “compromisos morales y legales”.
La demanda, presentada en el tribunal federal para el Distrito de Columbia, asegura que el programa de reasentamiento ni siquiera es ayuda exterior. Es un programa nacional para ayudar a los refugiados recién llegados —quienes llegan legalmente después de ser evaluados en el extranjero— a satisfacer necesidades iniciales como vivienda y empleo.
La denuncia afirma que el gobierno intenta que el programa “trastabille”, provocando un daño a largo plazo.
La demanda nombra a los departamentos de Estado y de Salud y Servicios Humanos, así como a sus titulares, Marco Rubio y Robert F. Kennedy Jr. Ambas con roles en la delegación del trabajo de reasentamiento a la conferencia de obispos.
Ninguna de las dependencias presentó una respuesta inmediata ante el tribunal, y la USCCB indicó que está a la espera de unos 13 millones de dólares en reembolsos por gastos anteriores al 24 de enero.
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