La familia real española podría verse inmersa en otro escándalo por parte del rey emérito Juan Carlos I, luego de que un grupo de magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción jubilados, expresidentes de la Audiencia Nacional, catedráticos de derecho, filósofos y periodistas presentaran una denuncia contra el ex monarca, por presuntos delitos fiscales contra la Hacienda Pública cometidos en sus declaraciones tributarias entre 2014 y 2018.
La acusación fue presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al considerar que hay elementos suficientes para comprobar irregularidades con el fisco cuando ya no era el jefe del Estado español. Los hechos denunciados y luego archivados, se habrían cometido luego de la abdicación de Juan Carlos I, momento a partir del cual ya no cuenta con la protección de la inviolabilidad que le otorga la Constitución mientras ejerce sus funciones.
La querella expresa la inconformidad de los firmantes contra el dictamen emitido por la Fiscalía General del Estado, que avaló en 2022 las 2 regularizaciones fiscales que presentó el rey emérito sobre sus finanzas, y argumentan que las regularizaciones que Juan Carlos I presentó en el año 2020 y en 2021 no son legales porque se habrían efectuado cuando ya se le había notificado una investigación abierta contra él por delitos fiscales
Los denunciantes piden que el emérito sea llamado a declarar en su domicilio de Abu Dabi, y que se interrogue a varias personas y representantes de distintas sociedades o fundaciones que abonaron gastos del emérito o gestionaron su fortuna en el extranjero.
Juan Carlos I presentó en 2020 ante la Agencia Tributaria, una primera regularización fiscal por el impuesto de sucesiones por un valor de 556 mil 412 euros, recargos por 83 mil 461 euros e intereses de demora por 38 mil 516 euros, junto con un escrito en el que manifestaba que la autoliquidación respondía "a las donaciones de Allen Sanginés Krause".
La segunda regularización fue entregada en febrero de 2021 y por valor de 4 millones 416 mil 757,46 euros, que corresponde a gastos sufragados a Juan Carlos I por la Fundación Zagakta, propiedad del primo del rey emérito Álvaro de Orleans, con posterioridad del 19 de junio de 2014.
Más aún, Suiza también archivó las investigaciones sobre el emérito por un supuesto cobro de comisiones del AVE desde Medina a La Meca en Arabia Saudita, al considerar que no se podían probar cantidades recibidas por el emérito y la adjudicación de contratos para empresas españolas.
A las pesquisas se sumó el Reino Unido, cuyo Tribunal Superior investigaba la denuncia de su amante, Corinna Larsen, por acoso y difamación, pero el Tribunal la desestimó al considerar que la Justicia inglesa no tiene jurisdicción para hacerlo. Larsen reclamaba al rey emérito 126 millones de libras por conceopto de daños y perjuicios
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