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Fiscales generales de 14 estados de la Unión Americana presentaron una demanda federal contra el presidente convicto Donald Trump y sujefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, a quienes acusan de tomar acciones para recortar el gasto gubernamental.
Señalan que sus medidas son inconstitucionales y solo pueden ser tomadas por un funcionario nominado y confirmado por el Senado.
Además, pidn que la corte ordene al jefe del DOGE explicar cómo "se utilizaron los datos obtenidos a través del acceso ilegal de la agencia" y destruir "dicho acceso no autorizado".
La denuncia presentada en un tribunal federal en Washington D.C. apunta que "el poder aparentemente ilimitado y sin control de Musk para despojar al Gobierno de su fuerza laboral y eliminar departamentos enteros con un plumazo, o un clic de 'mouse', habría sido impactante para quienes ganaron la independencia de este país".
La coalición de fiscales de estados demócratas dice que la designación "sin supervisión significativa" de Musk es una "amenaza" y "contraria a toda la estructura constitucional de la nación", toda vez que no cumple la Cláusula de Nombramientos de la Constitución, que exige que los nombramientos presidenciales de alto nivel sean confirmados por el Congreso.
El texto advierte que "Trump ha delegado una autoridad prácticamente sin control en Musk, sin la debida autorización legal del Congreso y sin una supervisión significativa de sus actividades. Como resultado, ha transformado un cargo menor que antes era responsable de gestionar los sitios web del Gobierno en un agente designado del caos sin limitaciones y en violación de la separación de poderes".
Así, los fiscales de Arizona, Míchigan, California, Connecticut, Hawái, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nevada, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington y Nuevo México, piden al tribunal que prohíba a Musk y a su equipo del DOGE tomar acciones para evitar que realicen cambios en el desembolso de fondos públicos, contratos gubernamentales, regulaciones o personal, así como recibir acceso o alterar los sistemas de datos.
Agregan que "nuestro orden constitucional fue fundado en parte para protegernos contra la acumulación de poder estatal en manos de un solo individuo, y si bien esa construcción se centró primero en el abuso de poder de un monarca del siglo XVIII, no es menos peligrosa en manos de un magnate tecnológico del siglo XXI".
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