La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, perpetrado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, e instó a las autoridades a realizar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz.
Según la información recabada por la ONU-DH, el padre y defensor indígena de los derechos humanos fue atacado tras oficiar una misa en el Barrio de Cuxtilali, municipio de San Cristóbal de las Casas, cuando sujetos en motocicleta dispararon repetidamente contra su vehículo.
Las autoridades de Chiapas confirmaron que perdió la vida de inmediato.
Desde 2015, el Padre Marcelo era beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido al riesgo constante que enfrentaba su vida e integridad personal por su labor en defensa de los derechos humanos en Simojovel y otros lugares de Chiapas.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales habían advertido públicamente sobre el creciente número de amenazas, agresiones y actos de criminalización en su contra, los cuales se intensificaron en los últimos años debido a su incansable trabajo en favor de la justicia y los derechos de los pueblos indígenas.
Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México de la ONU-DH, expresó que “el asesinato del Padre Marcelo es absolutamente inaceptable.
Su labor era ampliamente reconocida por los pueblos indígenas en Chiapas, y también a nivel internacional. A pesar de contar con medidas de protección y de las constantes denuncias sobre las agresiones que enfrentaba, éstas resultaron insuficientes para impedir su asesinato”.
“El Padre Marcelo era un referente en la búsqueda de la paz, la verdad y la justicia para Chiapas; su pérdida es irreparable y nos reitera la necesidad de implementar medidas estructurales que cambien el contexto de violencia que sufren algunas regiones de Chiapas," señaló.
Desde 2021, el Padre Marcelo lideró marchas y peregrinaciones por la paz, denunciando el incremento de la violencia en diversas zonas del estado de Chiapas. Se pronunció en diversas ocasiones en contra del crimen organizado y exigió justicia por el asesinato de Simón Pedro, también defensor de derechos humanos.
.Además, acompañó a comunidades tzotziles y tzeltales desplazadas ante autoridades estatales y federales, y actuó como mediador en conflictos inter e intracomunitarios.
Desde 2017 hasta la fecha, la ONU-DH ha documentado al menos 134 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en posible relación con su labor. En lo que va de este año, al menos siete personas defensoras han sido asesinadas en México.
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