La Santa Sede sacó a la luz su primer Informe Anual relacionado con "las políticas y procedimientos de tutela en la Iglesia", mismo que elaboró la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores que formó el papa Francisco hacevuva década.
El objetivo de la Comisión es combatir los abusos que han ensuciado a la Iglesia en todo el mundo, y el texto analiza a 20 países y varias instituciones y congregaciones religiosas, destacando la necesidad de "promover un mejor acceso de las víctimas " a las informaciones que necesiten para "afrontar el problema de la opacidad".
Mas aún, llama a "agilizar y acelerar procesos de dimisión" de los responsables eclesiásticos, y constituye un documento piloto en el que la Comisión analiza casos de países cuyos obispados han acudido en 2023 a Roma en visita 'ad limina', el viaje que deben hacer a la Santa Sede cada 5 años, entre estos, los de Colombia y México.
El informe resalta "el derecho de cada ciudadano a acceder a cualquier información que le afecte", aún en casos de abuso, además de que se apunta la "necesidad" de estudiar políticas de "indemnización" a las víctimas.
De igual forma, se recomienda "consolidar y aclarar" las competencias de cada dicasterio -"ministerio"- de la Curia Romana para "garantizar una gestión eficiente, rápida y rigurosa" de cada posible caso de abuso que llegue a las estancias del Vaticano.
El documento acepta que para las "víctimas y supervivientes" los "procesos civiles y canónicos pueden ser difíciles, lentos e incluso fuente de una continua victimización" por lo que recomienda agilizarlos porque, subraya, "la justicia no puede darse a costa de mayores traumas".
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