Las condenas tanto al gobierno de Estados Unidos como a su socio de El Salvador entre las organizaciones de derechos humanos siguen creciendo, y ahora es Amnistía Internacional quien critica la deportación de venezolanos desde la Unión Americana para ser encarcelados en El Salvador, país en donde sus ciudadanos perdieron varias garantías individuales por obra y gracia de su gobierno y sus legisladores.
La postura de Amnistía se produce poco antes de la visita de la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Kristi Noem, al país centroamericano, cuyo presidente le rentó espacios en su sistema carcelario para albergar a personas acusadas, deportadas y confinadas a una celda, sin pruebas concretas de su pertenencia al grupo criminal conocido como Tren de Aragua.
Hace ya 10 días que arribaron 3 aviones a El Salvador con 238 venezolanos señalados por Estados Unidos de integrar dicha banda de origen venezolano, además de 23 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha, todos ellos internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, orgullo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele,
Familiares de los venezolanos y el Gobierno de Caracas afirman que eran migrantes, y de acuerdo con la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, en un comunicado, la expulsión” de los 238 venezolanos, "a pesar de una orden judicial" que lo prohibía, "representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos", sino también “un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump".
Según la titular de Seguridad Interior estadounidense, las deportaciones a El Salvador "enviaron al mundo el mensaje de que Estados Unidos ya no es refugio seguro para criminales violentos", pero el hecho es que el gobierno del convicto presidente republicano se ha negado a entregar la información concreta de los cargos por lo que esas 238 personas fueron deportadas directamente a un penal de otro país.
Noem visita este miércoles dicha cárcel y luego se reúne con Bukele para discutir sobre "aumentar el número de vuelos de deportación y expulsiones de criminales violentos" desde Estados Unidos.
De acuerdo con Piquer, los expulsados estaban en "pleno proceso judicial" y fueron arrestados a pesar de que "cumplían sus obligaciones en materia de inmigración, que ya tenían protecciones concedidas en Estados Unidos".
Para Amnistía, las expulsiones "no constituyen deportación" porque los venezolanos fueron sacados "sin orden de traslado" para "cumplir cárcel por tiempo indefinido", al tiempo que denuncia que con Bukele, “El Salvador se ha convertido en ejemplo de una tendencia alarmante en las Américas, donde el encarcelamiento masivo, la falta de control sobre el Poder Ejecutivo y la criminalización de las comunidades marginales se presentan como soluciones al crimen".
Añade Piquer que "existe una conexión clara y preocupante entre el modelo de seguridad del presidente Bukele en El Salvador y las medidas recién adoptadas por Estados Unidos en relación con las personas migrantes y las que buscan seguridad".
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