Cuando los políticos quieren que algún asunto vaya para largo, la formula más socorrida es crear comisiones.
Esto sale a colación, porque el Congreso de Brasil aprobó la creación de una comisión que investigue la asonada golpista del pasado 8 de enero en Brasilia, en la cual seguidores del ultraderechista Jair Bolsonaro tomaron por la fuerza los principales de los 3 poderes federales.
La cámara alta dijo en una nota oficia .que "el presidente del Senado y del Congreso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, leyó en la sesión del Congreso Nacional el requerimiento de autoría del diputado André Fernandes del Partido Liberal, para la creación de una comisión parlamentaria mixta sobre los actos del 8 de enero en Brasilia, cuando los edificios de los 3 poderes fueron invadidos y vandalizados".
El legislador pidió a los líderes de los partidos políticos en las 2 cámaras, que indiquen a los integrantes de la comisión conforme a la regla de proporcionalidad (16 diputados y 16 senadores) para esa comisión que durará 6 meses.
En un principio, afines al expresidente Bolsonaro empujaron formar una comisión de investigación, para difundir la idea que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue negligente y que hubo simpatizantes de izquierda en la asonada del 8 de enero sin tener pruebas de ello.
El Gobierno empezó a ser favorable a esta comisión desde hace unos días, luego de la renuncia del entonces jefe del gabinete de Seguridad Institucional del gobierno Lula, Marco Edson Goncalves Dias.
Dias apareció en imágenes de una cámara de seguridad del Palacio del Planalto, en una actitud tibia con los bolsonaristas invasores, junto con subalternos que incluso les saludaban.
El video derivó en su dimisión, y la sospecha de que uno de los principales órganos de seguridad del país estaba copado por funcionarios afines a la ultraderecha.
La comisión parlamentaria no tiene poder de condenar a nadie, por lo que no servirá para nada como sucedió con la última comisión de este tipo, que investigaría la gestión que hizo Bolsonaro de la pandemia de COVID-19.
El entonces presidente fue acusado de decenas de delitos, sin que tuviera consecuencia alguna.
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