Fue vía videoconferencia como compareció el viernes ante la Corte Penal Internacional el
expresidente filipino Rodrigo Duterte, trasladado a La Haya para responder por presuntos crímenes contra la humanidad en su guerra al narcotráfico.
El exmandatario, detenido y trasladado a esa ciudad de Países Bajos donde se encuentra la sede de la CPI, tuvo una breve audiencia para que se le notificarán los crímenes que se le imputan y de sus derechos
Duterte es acusado por la Corte de "crimen contra la humanidad", durante su campaña contra el tráfico de drogas que dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría hombres pobres, muchas veces sin pruebas de que estuvieron relacionados con el narcotráfico.
El acusado, de 79 años de edad, apareció con un aspecto físico frágil y vestido con traje y corbata azules.
El presidente del tribunal le permitió seguir la audiencia a distancia desde el Centro de Detención de la CPI, ubicado a unos 2 kilómetros de la Corte, porque acaba de "realizar un largo viaje”.
Salvador Medialdea, abogado de Duterte, dijo ante la corte que su cliente fue "secuestrado de su país y trasladado sumariamente a La Haya".
"Para los abogados, se trata de una extradición extrajudicial. Para las mentes menos jurídicas, es un secuestro puro y simple", dijo Medialdea, y agregó que su defendido sufre "problemas médicos debilitantes y que "aparte de identificarse, no está en condiciones de contribuir a esta audiencia".
Estimó que la extradición se realizó "de forma coordinada por adelantado” como parte de un "ajuste de cuentas políticas” en Filipinas, y sostuvo que, después de su aterrizaje en Países Bajos el pasado miércoles, Duterte fue trasladado a un hospital y no fue hasta este viernes, horas antes de la audiencia, cuando se le permitió reunirse con él "menos de una hora”, por lo que no "tuvo tiempo de sentarse” con su cliente para explicarle el contenido de la orden de arresto.
Duterte, quien gobernó Filipinas entre 2016 y 2022 parecía dormir en algunos momentos, y la corte le recordó que el médico del tribunal opina que "es plenamente consciente y apto mentalmente".
La jueza fijó el 22 de septiembre como fecha para la siguiente fase del proceso, una vista en la que se confirmarán los cargos.
En la orden de arresto emitida el 7 de marzo, los jueces sostienen que "existen motivos razonables” para vincular a Duterte con el crimen de lesa humanidad de asesinato, presuntamente cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. El crimen fue parte de un ataque "tanto generalizado como sistemático”.
Según estadísticas oficiales de la policía, más de 6 mil filipinos fueron asesinados en la "guerra contra las drogas" de Duterte.
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