El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto 2025, que será remitido al Ejecutivo Federal a más tardar el próximo 5 de noviembre, para que se integre al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.
Para el próximo año, la Corte solicitará un presupuesto de 5 mil 922.9 millones de pesos, que representa una disminución de 1.4%, en términos reales considerando la inflación estimada por el Banco de México para el cierre de 2024, respecto de lo que la Cámara de Diputados le autorizó a este Alto Tribunal para el presente año.
La reducción del monto de los salarios para el año que viene afecta a los 11 ministros de la Corte de entre un total 330 altos funcionarios del alto tribunal.
El pleno del Alto Tribunal aprobó el proyecto de presupuesto presentado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, y según la Corte, el monto es 23.7% inferior, en términos reales, al que le fue autorizado a la Suprema Corte hace 7 años para el ejercicio fiscal 2018.
La primera propuesta presentada en estos días por Piña, fue rechazado por el pleno porque no contemplaba las reducciones derivadas de la Reforma Judicial, y por el contrario, elebaba los salarios.
Se señala que para 2024, la Cámara de Diputados hizo el recorte más grande de por lo menos, los últimos 10 años a los recursos solicitados por la Suprema Corte, equivalente a 321.9 millones de pesos (5.3% de lo solicitado).
Esto debido a que se empiezan a acotar los privilegios del Poder mejor pagado de los 3 que conforman al estado junto con el Legislativo y el Ejecutivo.
Asegura la oficina de prensa de la Corte que con una política de racionalidad, austeridad y contención del gasto, se han podido ampliar los servicios que ofrece y atender la creciente demanda, mejorando la eficiencia del gasto.
Tal racionalidad nunca se apreció en las percepciones y prestaciones de los ministros de la SCJN.
Así, el comunicado del Poder Judicial expone que para 2025, y a partir de un riguroso ejercicio de planeación, programación y presupuestación, se identificaron recursos para atender requerimientos humanos, materiales y financieros que le permitan cumplir sus responsabilidades, apegados a parámetros de racionalidad, austeridad, efectividad y contención del gasto que se han aplicado desde el ejercicio fiscal 2023.
El proyecto de presupuesto que se presenta se construyó con base en la configuración organizacional actual de la Suprema Corte y con las necesidades operativas respecto de esa configuración, considerando que estará sujeta a la legislación reglamentaria y secundaria, lo que eventualmente podrá implicar ajustes en el transcurso del próximo ejercicio fiscal.
Para el rubro de servicios personales se destinarán 8 de cada 10 pesos solicitados, pues, según la Corte, es el capital humano el factor clave para contribuir en el cumplimiento del objetivo institucional que es la impartición de justicia.
Por ello, del total de 3 mil 805 plazas vigentes, dos terceras partes corresponden a personas servidoras públicas que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.
Con los 4 mil 813.2 millones de pesos solicitados para servicios personales, se cubrirán las remuneraciones y prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Alto Tribunal, como lo dispone el artículo Décimo transitorio del Decreto de reforma al Poder Judicial.
Al mismo tiempo, se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros, así como de los servidores públicos de mando, para cumplir con lo dispuesto en el artículo Séptimo transitorio del mencionado Decreto.
Sin embargo, seguramente será revisado por el legislativo, ya que no se señala nada en el presupuesto sobre el tema de los fideicomisos
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