Una macroperación, bautizada como ‘Operación fuera de Juego’, considerada la mayor contra la corrupción en el fútbol en Portugal, llegó hasta la casa del exportero español del Porto, Iker Casillas, la cual fue registrada

Más aún, los registros incluyeron las casas de Pinto da Costa, actual presidente del Porto, Luís Filipe Vieira, presidente del Benfica, Frederico Varandas, presidente del Sporting, António Salvador, presidente del Braga.

Los allanamientos incluyeron los domicilios de los jugadores Jackson Martínez, Maxi Pereira y Danilo Pereira, entre los 76 registros practicados por alrededor decenas de inspectores tributarios y agentes de la Guardia Nacional Republicana.

Esta investigación sobre los negocios dudodos del fútbol portugués dio inicio con las revelaciones hechas por el ‘hacker’ Rui Pinto en el caso Football Leaks.

El Ministerio Público portugués y la Autoridad Tributaria eligieron en primera instancia objetivos prioritarios que de acuerdo con la prensa lusitana, incluyen personas e instalaciones relacionadas con los equipos Porto FC, Benfica, Sporting, Braga, Guimarães, Marítimo, Estoril y Portimonense, entre otros clubes.

En la pesquisa se busca confiscar documentos relacionados con negocios de jugadores millonarios y la búsqueda se extendió a la oficina de Carlos Osório de Castro, abogado y asesor legal de Cristiano Ronaldo, y abogado del representante de futbolistas Jorge Mendes, este último, uno de los mayores objetivos, pues el proceso incluye la búsqueda en las oficinas de Gestifute, compañía fundada por el representante en Oporto y Lisboa, y sus 2 residencias en Oporto.

La mayoría de estos procesos se refieren a contratos relacionados con los derechos económicos de los futbolistas profesionales, así como los derechos de imagen y pagos de comisiones a terceros por intermediar en la contratación o renovación de los contratos de los deportistas.  Se sospecha que clubes, corporaciones deportivas, administradores, jugadores, entrenadores, directores deportivos, agentes y abogados han recurrido a documentos contables ficticios para inflar los costos, con el objetivo de evitar los pagos de IVA y de IRS, así como contribuciones a la Seguridad Social, dañando las arcas públicas portuguesas.

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