La  defensa  jurídica  de  Rosario  Robles  informó en un comunicado que  en lo que califica de “ acto  arbitrario  y  fuera  de  toda  lógica”,  el Ministerio Público Federal recusó a la magistrada Graciela Rocío Santes Magaña para evitar que conociera de la audiencia pública de alegatos aclaratorios prevista para este viernes 13 de septiembre, en la que se revisaría la medida cautelar de prisión preventiva impuesta de manera ilegal a la exfuncionaria federal. 

 

De acuerdo con el bufete Hernándfez Barros encargado de la defensa de Robles, la intención del Ministerio Público al recusar a la magistrada es prolongar innecesaria e injustamente la prisión preventiva a la que está sometida la ex secretaria de estado.

 

Señala el texto que es una muestra evidente del tipo de “chicanadas” a las que está dispuesta a participar la parte acusadora, por lo cual el equipo legal encabezado por Julio Hernández Barros lamenta y reprueba el “juego sucio” del Ministerio Público al descalificar y poner en duda la dignidad, el profesionalismo, la imparcialidad y la experiencia de la magistrada Santes Magaña para conocer del caso; cosa que no hizo cuando se designó “por sorteo” al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que sí estaba impedido legal y éticamente. 

 

El comunicado del bufete destaca que, si el Ministerio Público Federal tuviera los  elementos  legales  sólidos  para  sostener  las acusaciones contra Rosario Robles, no tendría mayor relevancia quién sería el juzgador o juzgadora designada para conocer de los alegatos aclaratorios.

 

Destaca además que se trata del mismo Ministerio Público que mencionó sin presentar como prueba una supuesta licencia de conducir con un domicilio distinto al de Robles, dichos con las cuales el juez Delgadillo Padierna decidió sin tomar en  cuenta  las  pruebas  de  la  defensa, imponer la medida cautelar conocida.

 

Añade que se trata de un documento apócrifo que en su momento fue refutado por la defensa, y que ahora está  en  posibilidades  de  dar  a  conocer  a  la  opinión  pública, advirtiendo que el  Ministerio  Público  presentó  este documento con datos, firma y fotografía falsos.

 

La licencia, que llegó de forma anónima a manos de la defensa, señala en la base de datos de Semovi que el domicilio de la extitular de Sedesol es la calle de Tennyson s/n, Col. Axotla, en Álvaro Obregón, cuando en realidad la calle de Tennyson está ubicada en la Polanco, alcaldía de Miguel Hidalgo.

 

La defensa legal de Rosario Robles exige se respete el Estado de Derecho y se dé continuidad al procedimiento evitando “ardides” notoriamente improcedentes, y se reponga a la brevedad la audiencia bajo las condiciones que ya estaban establecidas

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