El expresidente Nicolás Sarkozy será el primer exmandatario francés juzgado por corrupción en 70 años, luego de que la Justicia gala rechazara los recursos presentados por Sarkozy a través de su abogado Thierry Herzog y por el exmagistrado Gilbert Azibert.

Los 3 están imputados por cargos de corrupción y tráfico de influencias en el caso de las ‘escuchas’, por el que la Justicia francesa había solicitado que el teléfono de Sarkozy, fuera intervenido ante sospechas de que habría recibido financiamiento ilegal del fallecido presidente libio Muamar el Gadafi para su campaña electoral de 2007, que lo llevó a la Presidencia.

En las intervenciones telefónica trascendieron conversaciones entre el expresidente y su abogado, en las que se deducía que trataban de obtener a través del exjuez Azibert,, información de otro proceso judicial en el que se investigaba si Liliane Bettencourt, heredera de la marca de cosméticos L’Oréal, había financiado la campaña a la Presidencia del exmandatario en 2012.

Las conversaciones revelaron que el expresidente habría estado dispuesto a ayudar al magistrado a conseguir un ascenso, a cambio de que influyera en la decisión del tribunal supremo sobre el caso Bettencourt, por el que Sarkozy fue absuelto.

Tras la validación como pruebas de casi todas las llamadas, el 26 de marzo de 2018 los jueces ordenaron un juicio “por corrupción” y “tráfico de influencias” para expresidente, abogado y exjuez, proceso que se reanudará en próximos meses.

Thierry Herzog y Gilbert Azibert además serán juzgados por “violación del secreto profesional”, y Sarkozy enfrenta otro proceso por superar los límites de financiación electoral

Luego de que se diera a conocer la decisión del tribunal, la defensa de Sarkozy alegó que la intercepción de conversaciones en una investigación sobre el financiamiento de una campaña ilícita para procesar cargos no relacionados de corrupción contradice una decisión tomada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La abogada de Sarkozy, Jacqueline Laffont, señaló que “corresponderá al Tribunal decidir si un tribunal francés puede anular una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”

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