Luego de que la Comisión Permanente del Congreso impidió la comparecencia de las y los titulares de las Secretarías de Bienestar, Hacienda, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quienes que se negaron a aceptar dar cumplimiento a la Recomendación relativa a la cancelación del programa de estancias infantiles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su más profunda preocupación sobre la decisión.

 

El organismo lamenta que dejando de lado argumentos y razones, el análisis de evidencia así como la defensa de los derechos humanos de niñas, niños madres y padres trabajadores, el voto de los grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso haya evitado la aplicación del segundo párrafo del apartado B del artículo 102 Constitucional.

 

Dice la CNDH que la determinación de la permanente cancela la posibilidad de que víctimas de violaciones a los derechos humanos a quienes revictimiza, reciban de las autoridades la explicación a la que constitucionalmente tendrían derecho sobre las razones que sustentaron su negativa, así como a que en una comparecencia pública se pudiera debatir el sentido de la misma.

 

Llama la atención que los argumentos expresados por quienes se opusieron a la comparecencia de los servidores públicos hayan sido principalmente de carácter ideológico o político, sin sustento en información objetiva y verificable, además de ser ajenos a lo que debería ser un debate plural e informado sobre los derechos de la infancia y de las mujeres.

 

La Comisión apunta que preocupan las descalificaciones y aseveraciones hechas desde la tribuna de la Permanente sobre el profesionalismo, calidad moral e independencia de la CNDH y de quienes laboran en ella, afirmaciones que no corresponden a la realidad, desinforman a la sociedad y generan una percepción equivocada sobre el caso.

 

El organismo dirigido por Luis Raúl González Pérez reitera que la Recomendación fue producto de una investigación seria, puntual, sustentada en información y evidencia objetiva, fundada en la normativa, criterios y estándares aplicables a la materia, tanto a nivel nacional como internacional, cuyo contenido es públicamente disponible para su análisis y consulta.

 

La CNDH añade que valorará en el marco de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido para el respeto y vigencia de los derechos humanos, hacer del conocimiento de relatorías e instancias de los sistemas universal y regional de derechos humanos el  asunto, las cuales han reiterado en la necesidad de que las autoridades den cumplimiento a las recomendaciones de la  Comisión.

 

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