Horas antes de que Jaime Bonilla asuma la gubernatura de Baja California, el Instituto Nacional Electoral presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar las acciones a su alcance y dar certeza jurídica al proceso electoral de ese estado el pasado 2 de junio.

La Acción presentada por el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina en representación del Instituto, pretende que la Corte declare inconstitucional el Decreto 351 aprobado por el Congreso de Baja California el 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de 2 a 5 años.

El INE argumentó ante la SCJN que el decreto publicado el pasado 17 de octubre contraviene la Constitución Federal, ya que pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad al proceso electoral local en Baja California.

Se trata del segundo recurso legal interpuesto por el INE para salvaguardar la certeza del proceso electoral en esa entidad, luego de que el 24 de octubre se interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar se aclarara el periodo del próximo gobierno.

El INE asegura que hizo valer sus facultades constitucionales, considerando que el recurso ante la Suprema Corte se inscribe en su función de mantener un Estado democrático, como rector de procesos electorales a nivel nacional y garante del sufragio secreto, efectivo, libre, informado y directo.

La Constitución señala en su artículo 105 que: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

De acuerdo con el INE, la reforma efectuada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo de 2 a 5 años, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, ya que dicha modificación posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los actores políticos participaron en los comicios del pasado 2 de junio.

El decreto expedido por el Congreso local pretende desconocer ese hecho y lesiona principios fundamentales de la democracia, por lo que el INE continuará con las acciones jurídicas a su alcance para defender los principios de la democracia en nuestro país y dotar de certeza jurídica a la ciudadanía de Baja California y de todo el país.

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