La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió declarar improcedentes las medidas cautelares solicitadas por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como por María Marcela Torres Peimbert, diputada federal, en contra del Presidente de la República y del Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, por presunto uso indebido de recursos públicos con impacto en material electoral, violando los principios de imparcialidad, legalidad y certeza, en el marco de los procesos electorales federal y locales.

En el proyecto aprobado se establece: “si bien se consideró, desde una óptica preliminar, que los hechos denunciados pudieran resultar ilícitos por constituir propaganda gubernamental con contenido prohibido y proveniente de una fuente desconocida y aparentemente carente de autenticidad y validez, lo que pudiera afectar la equidad en la contienda y las preferencias ciudadanas, esta Comisión considera que no se surten los requisito relativos a que dicha conducta continuará o se repetirá en el tiempo porque, en este momento, no se cuenta con constancia o prueba en ese sentido, de ahí que no resulte procedente otorgar una medida cautelar, en la vertiente de tutela preventiva”.

La resolución añade: “Sin embargo, dadas las características y contexto del caso, el hecho de que actualmente están en curso 2 procesos electorales locales (Coahuila e Hidalgo) y que, a partir de septiembre próximo dan inicio los procesos electorales federal y locales en todo el país, ha lugar a reiterar las obligaciones y prohibiciones apuntadas y, particularmente, señalar que si se realizan conductas posiblemente antijurídicas -como la advertida en este asunto-, continúan o se repiten en lo futuro entonces esta Comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrollan los procesos electorales”.

Asimismo, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió un “pronunciamiento que tiene como destinatarios a los servidores públicos de los ámbitos y niveles de gobierno, especialmente al Presidente de la República y a su Vocero (por ser los sujetos denunciados en este asunto), a fin de que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales”, recalcándoles “la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales” y “de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad”.

El acuerdo fue adoptado por votación unánime de las Consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así como del Consejero Jaime Rivera, integrantes en pleno de la Comisión de Quejas y Denuncias.

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