Google y la Oficina de Administración y Presupuestos de la Casa Blanca se encuentran entre las empresas estadounidenses y organizaciones que buscan el aplazamiento o la suspensión de la prohibición de hacer negocios con la empresa china de tecnología Huawei.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, Google pidió ser eximida de cualquier prohibición relacionada con Huawei, advirtiendo a Washington que se corre el riesgo de comprometer la seguridad nacional de Estados Unidos si se sigue adelante con las restricciones sobre la exportación de Huawei.

Ejecutivos de esa empresa están preocupados porque las prohibiciones obliguen a Huawei a desarrollar su propia versión de Android, cosa que podría plantear riesgos para la seguridad.

El mes pasado, Donald Trump anunció nuevas medidas dirigidas contra Huawei, entre las que se incluyen dar al Departamento de Comercio facultad de prohibir la venta de equipos 5G de Huawei en Estados Unidos, así como una prohibición general para empresas estadounidenses de vender productos al grupo chino.

Google suspendió sus negocios con Huawei restringiendo su acceso a las posibles actualizaciones de Android, y la Administración Trump concedió una suspensión de 90 días para que las empresas puedan adaptarse a la nueva situación.

Russell T. Vought, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, estaría presionando para que se retrase la aplicación de las principales disposiciones de la ley que prohíbe al Gobierno de Estados Unidos hacer negocios con Huawei, según el Wall Street Journal.

Vought expresó en cartas al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y 9 congresistas de Estados Unidos, que la prohibición podría conducir a una “drástica reducción” en el número de empresas capaces de suministrar al Gobierno, y afectaría de manera desproporcionada a las empresas estadounidenses en zonas rurales donde los servicios de Huawei son populares.

Asimismo, pidió que las restricciones sobre contratistas y beneficiarios de préstamos y subsidios federales se impongan 4 años después de la promulgación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, en lugar de los actuales 2 años, para dar a las empresas afectadas tiempo para responder, ley firmada por Trump el año pasado, que incluye una prohibición para las agencias estadounidenses y  beneficiarios de préstamos y subvenciones federales de hacer negocios con empresas o contratistas chinos.

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