La Fiscalía General de la República debe dar a conocer la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, contra diversas personas por delitos asociados al caso Odebrecht; asimismo se debe entregar el Dictamen de Integridad Física que se le realizó al exfuncionario al llegar al país, luego de ser extraditado de España, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales .

“La relevancia de estos 2 casos subyace en que se privilegia la entrega de la información relativa a la denuncia presentada, porque se actualiza la excepción de la reserva al tratarse de hechos relacionados con posibles actos de corrupción y la entrega del Dictamen de Integridad Física, que implica que prevalece el interés público, ante la naturaleza de la información que, en principio es considerada como un dato personal sensible”, expuso la Comisionada Josefina Román Vergara.

La Comisionada presentó ante el Pleno del INAI 2 recursos de revisión. En uno, la particular se inconformó con la clasificación de la denuncia y anexos presentados por Emilio Lozoya el 11 de agosto de 2020, mientras que en el otro, el solicitante señaló que el archivo proporcionado se encontraba en un formato inaccesible.

En el análisis del primer recurso, la ponencia de la Román Vergara advirtió que si bien la denuncia del 11 de agosto de 2020 actualiza en principio la reserva invocada con fundamento en el artículo 110, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este caso el documento requerido describe hechos o actos de corrupción atribuibles a ex servidores públicos, por lo que el interés público de que se difunda es mayor a la reserva.

El Instituto efectuó una prueba de interés público de acuerdo con los elementos establecidos en la Ley: idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

En cuanto a la idoneidad determinó que existe trascendencia social del caso relacionado con la información requerida. Sobre la necesidad indicó que el acceso a la información abona al conocimiento de la sociedad sobre la actuación de la FGR para el esclarecimiento de hechos, conductas u omisiones posiblemente sancionables de los servidores públicos. Respecto a la proporcionalidad señaló que divulgar la información requerida permite conocer si la FGR toma las medidas necesarias para vigilar que las conductas y desempeño de los servidores públicos en el ejercicio de sus encargos, sean acorde a la normatividad.

Sobre el segundo recurso, la ponencia determinó que la clasificación del Dictamen de Integridad Física debe superarse por la importancia que tiene para la sociedad difundir información relacionada con un exservidor público al que se le atribuyen presuntos hechos o actos de corrupción. Se considera que por dichos resultados médicos se determinó su internamiento hospitalario privado y en hospitales públicos o en su defecto, su inmediata puesta a disposición de las autoridades.

Aunado a lo anterior, resulta procedente la apertura del dictamen de integridad física, practicado a Lozoya, el 17 de julio de 2020, cuando ingresó al país extraditado de España, pues la solicitud es sobre un exservidor público que se vincula a presuntos actos de corrupción relativos a la empresa de construcción Odebrecht.

El Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la FGR y le instruyó notificar al solicitante que la denuncia del 11 de agosto de 2020 no contiene anexos, indicando los razonamientos por los cuales esa información no obra en sus archivos y proporcione la denuncia presentada por Emilio Lozoya. Asimismo, revocó la respuesta de la FGR y le instruyó entregar en versión publica el Dictamen de Integridad Física, realizado a Lozoya al momento de ingresar al país extraditado de España; no se podrá clasificar el nombre, el resultado de la valoración médica, así como el médico legista que certificó dicho documento.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here