La Red por los Derechos de la infancia en México expresó su preocupación por el uso instrumental de los niños que realiza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores, la cual, durante una asamblea comunitaria realizada el 10 de abril, dio a conocer la incorporación de una 30 niños entre 6 y 11 años de edad para formar parte de las filas de la policía rural en una acción de autodefensa que se activó en la zona.

En un comunicado, la Red apunta que algunos de estos niños y adolescentes son hijos de los 10 músicos asesinados y calcinados en enero de 2020 y entre cuyas muertes se cuenta también la de un adolescente de 15 años.

Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de REDIM, menciona que el anuncio destaca la participación directa de niños, niñas y adolescentes en actos de vigilancia en las unidades de las CRAC-PF, lo que representa superar el acto simbólico del performance para configurar delitos como trata, ‘corrupción de menores’ y reclutamiento con consecuencias legales.

Ante esto, Pérez llama a reconsiderar esta postura y asumir como gran responsabilidad la protección de niñas, niños y adolescentes ante cualquier forma de violencia y reconocer sus derechos, haciéndoles partícipes de las soluciones comunitarias en la búsqueda de justicia y paz.

Está ONG llevó el caso a instancias internacionales a través de la audiencia temática que se realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 6 de marzo del 2020, donde se documentaron “Graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia armada en México: reclutamiento forzado y epidemia de niñez desaparecida”.

Según Pérez García, siguen las respuestas fragmentadas, dependientes de la sensibilidad de funcionarios y nuevos recortes presupuestales para prevenir y atender la violencia contra la niñez.

REDIM considera que la presentación de niños y adolescentes como parte de la policía comunitaria, se trata de un intento desesperado de llamar la atención del Estado ante la impunidad que gozan las redes de macro criminalidad que mantienen las autoridades federales, estatales y municipales con el crimen organizado de la zona, asumiendo silencio y omisión dolosa ante su obligación de investigar y hacer justicia a víctimas de los grupos criminales en la Sierra de Guerrero.

La comunidad indígena tiene más de 3 décadas con policías comunitarias creadas en respuesta al abandono del Estado mexicano y su omisión de garantizar seguridad y desarrollo social. En los últimos 7 años el crimen organizado aumentó su control territorial, con la complicidad de caciques y autoridades, presuntamente con el objetivo de ampliar la siembra de amapola y procesamiento de otras drogas.

Advierte la Red que organizaciones indígenas, defensores de la tierra y periodistas locales han documentado el reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos en el estado de Guerrero, donde los grupos criminales tienen campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes.

Recuerda al poder legislativo que sigue pendiente la armonización legislativa para tipificar penalmente el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, como lo han solicitado diversas recomendaciones de organismos internacionales y la propia REDIM.

Finalmente, llama REDIM a la sociedad a evitar la criminalización de las familias indígenas, en especial de niños, niñas y adolescentes, y su policía comunitaria y a exigir al Estado que garantice la vida y desarrollo social de estas comunidades.

Asimismo, reitera la petición a periodistas y medios de comunicación a no difundir imágenes y datos que permitan la identificación de las niñas niños y adolescentes por el alto riesgo de ser blanco de grupos criminales.

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