La Comisión Federal de Competencia Económica emplazó diversos agentes económicos por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado del fichaje de jugadores profesionales de futbol en territorio nacional, con lo que inicia el procedimiento seguido en forma de juicio para que los probables responsables presenten su defensa.

Con esta investigación, la COFECE sienta un precedente para que las conductas que restrinjan la movilidad de los trabajadores y afecten la determinación de los salarios en el mercado, en caso de ser detectadas, sean investigadas en estricto apego a la normativa de competencia.

Los procesos de reclutamiento y contratación de recursos humanos son un mercado que ha sido investigado por las autoridades de competencia en diversas jurisdicciones alrededor del mundo, como Alemania, Chile, España, Estados Unidos y Reino Unido.

Por lo anterior, se determinó emplazar a los probables responsables e iniciar la etapa de procedimiento seguido en forma de juicio, a cargo de la Secretaría Técnica de esta Comisión, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan pruebas relacionadas con las imputaciones hechas en su contra.

Una vez realizadas estas manifestaciones, desahogadas las pruebas y presentados los alegatos correspondientes, el Pleno de la COFECE podrá resolver conforme a derecho.

De conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, las prácticas monopólicas absolutas o colusiones son conductas consisten en contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con alguno de los objetos o efectos anteriores.

Estas prácticas pueden ser sancionados con multas de hasta el 10% de sus ingresos. Adicionalmente, las personas físicas que las cometen pueden enfrentar un proceso penal que conlleva sanciones de entre 5 y 10 años de prisión.

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