Sector privado descalifica consulta ciudadana sobre nuevo aeropuerto

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El Consejo Coordinador Empresarial fijó postura en torno a la consulta ciudadana para definir donde se asentará el futuro aeropuerto capitalino y ratificó su posición de que una decisión eminentemente técnica, como es la ubicación de un Aeropuerto, no debe ser sometida a consulta ciudadana.

Los empresarios subrayan que la participación ciudadana es fundamental para un desarrollo democrático robusto, sin embargo, las decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas, quienes tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas, para concluir con la mejor opción.

Más aún, el ejercicio propuesto por el equipo de transición para consultar a los ciudadanos acerca de la ubicación y construcción del Aeropuerto Internacional de México, además de ser inadecuado como mecanismo para la toma de decisiones, no es jurídicamente válido ni tiene sustento legal.

Para el organismo cúpula del sector privado, tal y como está planteada la consulta, además, no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad. Adicionalmente, tiene un sesgo en su formulación y planteamiento de desarrollo hacia una de las opciones puestas a consideración, lo que la deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía.

Señalan que a pocos días de la consulta, los criterios técnicos de su diseño no se han detallado ni sometido a revisión de especialistas. No se ha explicado a profundidad, por ejemplo, el criterio para la selección de los municipios, ni la ubicación de las mesas en cada uno de ellos, y cómo esto generaría una muestra balanceada.

de igual forma, apuntan que Tampoco se han explicado, en caso de existir, qué medidas de seguridad se tomarán para evitar el acarreo, compra de votos, duplicidad en los votantes, así como asegurar la transparencia e imparcialidad en el cómputo de los votos. Adicionalmente, no se ha establecido un umbral mínimo de votos para que la consulta resulte válida.

El CCE dice que Se desconoce si existirá o no, simultáneamente, una encuesta, cómo y quién la llevaría a cabo, y qué ponderación se daría a sus resultados, en comparación con los resultados de la consulta física.

Finalmente, los actores a cargo de la consulta, y los mismos materiales informativos desarrollados por ellos, han demostrado un sesgo favorable hacia una de las opciones. La información presentada sobre el proyecto de Texcoco es -cuando menos- parcial e incompleta, no toma en cuenta los pronunciamientos y argumentos de organismos importantes como los Colegios de Ingenieros, la Asociación de Pilotos, MITRE y otras instituciones igualmente prestigiadas.

Adicionalmente, se ha señalado que varios de los miembros del Comité Técnico a cargo de la consulta han expresado públicamente su opinión a favor de la opción de Santa Lucía, dañando gravemente las posibilidades de equidad en el ejercicio.

El texto emitido por los empresarios organizados menciona que todo lo anterior se contradice con la promesa de neutralidad hecha por el equipo de transición que ha llevado adelante el tema y con los principios básicos de cualquier ejercicio democrático de consulta, tal y como se llevan a cabo en el resto del mundo.

Por todo ello, consideran que no existen las condiciones mínimas necesarias para que esta consulta pueda considerarse un ejercicio imparcial y objetivo. Si bien es positivo buscar una mayor participación ciudadana para la toma de decisiones de gobierno, ésta no puede reemplazar las responsabilidades de las instituciones del Estado.

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