Denuncian ante PGR a responsables de la “Estafa Maestra”

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El día de ayer, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentó el martes una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Universidad Autónoma del Estado de México y diversas empresas fantasma que resulten responsables del desvío de recursos públicos evidenciado en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, realizada por MCCI y Animal Político con base en los informes publicados por la Auditoría Superior de la Federación en 2013 y 2014.

Dicha investigación fue complementada por el diario Reforma en lo referente a la transferencia de cientos de millones de pesos a domicilios particulares por medio de una intricada triangulación de depósitos en efectivo.

En un comunicado, la ONG afirma que las investigaciones contienen suficientes elementos de prueba para solicitar que se abra una carpeta de investigación relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas, algunas de ellas catalogadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria.

Esta demanda se suma a las acciones jurídicas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR.

Apuntan que están conscientes de que la corrupción no se resuelve con la sanción de unos cuantos casos emblemáticos, pero también de que la impunidad prevaleciente no puede persistir. La historia reciente muestra que cuando no hay consecuencias para los actos y redes de corrupción, estos se multiplican.

Con esta denuncia MCCI busca que las instancias de procuración e impartición de justicia actúen no con base en propósitos políticos, sino con base en los principios que subyacen a la creación de una Fiscalía autónoma e independiente y en la aspiración constitucional de contar con una justicia pronta y expedita.

Puntualizan que no corresponde ni al Presidente Constitucional ni al Presidente Electo decidir a quién investigar y sancionar y a quién no, y que su mensaje es claro, para este y para otros casos: no a la impunidad, no a los pactos de impunidad y no a la “politización” de la justicia que es la negación de la justicia.

Agregan que la estrategia legal fue realizada en colaboración con Tojil AC., abogados especializados en litigio penal anticorrupción.

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