Denuncian a autoridades militares y civiles ante Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Chihuahua

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Varios organismos mexicanos no gubernamentales presentaron un informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército Mexicano durante la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua entre los años 2008 y 2010.

En un comunicado emitido por organismos como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y  la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, se denuncian presuntas atrocidades cometidas en esa entidad fronteriza y que a su juicio, constituyen  crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo al documento entregado a la Corte Penal, integrantes de las fuerzas armadas que participaron en el marco de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales, con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad en la modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas.

El documento presentado señala casos documentados que mostrarían la existencia de una política de actuación de las autoridades contra la población civil.

Asimismo, estas ONG’s aseguran que se confirmó el uso de recursos públicos para cometer los crímenes, como por ejemplo vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones militares como recinto para torturar a la población civil, además de la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura.

Para elaborar la denuncia fueron analizados 35 casos que comprenden a 121 víctimas directas de crímenes que se cometieron en el marco de la primera fase del OCCH por elementos militares. La documentación que presentan las organizaciones da cuenta de una escena criminal en donde los máximos responsables no han sido investigados, procesados o sancionados a la fecha.

La continuidad de la política de militarización de la seguridad pública y de la estrategia armada para hacer frente a las organizaciones criminales – que se manifiesta con la reciente entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior – han incrementado exponencialmente las violaciones a derechos humanos y crímenes atroces cometidos por las fuerzas armadas al amparo de las instituciones de justicia del país, lo cual implica que en México no hay ni voluntad, ni capacidad para llevar a juicio a los responsables, como se denuncia en el Informe.

Las organizaciones firmantes añaden que acuden la Corte Penal Internacional con la finalidad de poner fin a la impunidad en la que estos graves crímenes continúan ante la falta de independencia e imparcialidad de la Procuraduría General de la República, así como por la inexistencia de procedimientos nacionales auténticos.

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Redacción

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