Organismos de derechos humanos de Colombia denunciaron ante la Corte Penal Internacional de La Haya en Países Bajos al presidente de Colombia, Iván Duque, acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las represiones contra las protestas populares que estallaron desde el pasado 28 de abril.

De acuerdo con el senador Iván Cepeda Castro, la acusación consta de más de 100 páginas e incluye al ministro de Defensa, Diego Molano; al jefe del Ejército, Eduardo Zapateiro; al director general de la Policía Nacional, Jorge Vargas; y al expresidente Álvaro Uribe.

Cepeda Castro dió a conocer el expediente y señaló que denuncia “documenta 1.595 hechos en los que hay graves violaciones de derechos humanos como asesinatos, tentativa de asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias”.

Apuntó que el caso también fue enviado al secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, y se invitó a la fiscal de la Corte Penal, Fatou Bensouda, a que realice visite  Colombia para que constate los hechos.

La denuncia está respaldada por representantes de las organizaciones que permanecen en estado de alerta en medio del estallido social que vive el país, entre ellas la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, Temblores ONG, Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

En el expediente documentan 24 homicidios, 50 casos de tentativa de asesinato, 16 de violencia sexual, 11 de desaparición forzada, 129 de tortura y 1365 de detención irregular.

Cepeda Castro subrayó que durante las protestas, la Policía usa armas de fuego de corto y largo alcance, y dispara contra población civil y los manifestantes, incluso por fuera de las movilizaciones.

Se ha suspendido el fluido eléctrico en algunas zonas para facilitar la comisión de crímenes por parte de la fuerza pública, y evitar que sean grabados.

Más aún, denunció la interrupción del servicio de internet en algunas ciudades, y operativos policiales en barrios y concentraciones de manifestantes en horas de la noche.

Asimismo, dijo que grupos armados vestidos de civil hacen disparos de manera deliberada y se movilizan en vehículos policiales, en medio de la inacción de policías con uniforme, ya que presuntamente ellos mismos los protegen.

En la denuncia también figura el uso indebido de armas potencialmente letales, disparadas a propósito para herir a los manifestantes, o que apuntarían deliberadamente contra los ojos de los manifestantes.

Además, los demandantes alertan sobre el lanzamiento de gases lacrimógenos en lugares cerrados, en particular, contra viviendas, de manera indiscriminada; así como la utilización de medios de comunicación y redes sociales para estigmatizar la protesta social de manera reiterada, vinculándola con organizaciones criminales y actos de vandalismo.

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