En un comunicado, la ONG Amnistía Internacional, el Instituto de las Mujeres en la Migración y el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador dijeron que las autoridades mexicanas deben garantizar la protección de las 2 hijas de Victoria Esperanza Salazar, quien murió al ser detenida e inmovilizada por policías de Tulum, así como informar a su familia sobre el paradero de su hija mayor, quien seguía sin ser localizada a la hora de publicación del comunicado.

Asimismo, deben garantizar los derechos de la familia a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño, y la repatriación digna de su cuerpo, después de la publicación del video en el cual se observa cómo 4 policías ocasionaron la muerte de Victoria al ejercer un uso excesivo de la fuerza el 27 de marzo.

Rosibel Emérita Arriaza, madre de Victoria, aseguró a Amnistía que los policías  “sometieron demasiado a mi hija, le torturaron en pocas palabras. Ahí se oye cuando ella grita. Yo creo que fueron los últimos gritos cuando le quebraron el cuello y le quebraron muchas costillas. Yo pienso que como seres humanos nadie merece esta muerte”.

Dijo además que “como madre sé que mi hija no la voy a recuperar, solamente me quedaré con los recuerdos de mi hija. Lo que pido es una justicia real, donde investiguen exactamente todo lo que pasó en este abuso de la autoridad que hicieron estas 4 personas… que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas. Y también el Estado mexicano debe responsabilizarse como Estado, porque esto fue un caso parecido a lo que pasó en Estado Unidos con Floyd”.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados confirmó que Victoria Salazar se encontraba en México en calidad de refugiada desde el 2018, y su madre confirmó que este 29 de marzo en la tarde, se enteró de la localización de la hija menor de Victoria, quien tiene 15 años, pero no sabe dónde ni cómo está la hija mayor de 16 años. Ninguna autoridad mexicana se ha comunicado con ella y se enteró del asesinato de su hija por alguien que lo vio en las noticias.

La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo dijo a Amnistía Internacional que no tiene información sobre el paradero de la hija mayor y que no se encuentra en custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Ante ello, las organizaciones firmantes hacen un llamado a las autoridades mexicanas para que entren en comunicación con la familia de Victoria Salazar para esclarecer el paradero y garantizar la seguridad de ambas niñas. Asimismo, deben tomar medidas para una repatriación digna del cuerpo de Victoria a El Salvador, incluyendo otorgar visas a su familia y cubrir viáticos y gastos relativos.

Amnistía considera inaceptable que en México sigan ocurriendo abusos policiales como el feminicidio de Victoria. Las autoridades deben fortalecer las corporaciones policiales con capacitación especializada en el uso adecuado de la fuerza, para evitar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por quienes deberían de protegernos.

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