Un grupo importante de países manifestaron su oposición a las amenazas existentes contra la Corte Penal Internacional, y condenaron las sanciones sobre sus máximos responsables, sin mencionar abiertamente en su postura a Estados Unidos, que como se sabe, ha cuestionado la tarea de dicha Corte.

Los países firmantes aseguran que “no debe tolerarse ningún intento de socavar la independencia de la corte”, 2 meses después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que Washington impondría sanciones, incluida la congelación de activos en Estados Unidos o sujetos a la legislación estadounidense, sobre el fiscal jefe de la Corte Penal, Fatou Bensouda, y el responsable de jurisdicción del tribunal, Phakiso Mochochoko, por mantener abierta una investigación sobre estadounidenses acusados de crímenes de guerra.

En un  comunicado conjunto,  71 miembros del Estatuto de Roma que estableció el tribunal para procesar a responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, reiteró su compromiso “para preservar la integridad e independencia del tribunal ante cualquier medida o amenaza contra la Corte y sus colaboradores”.

Entre los firmantes están Argentina, Australia, Canadá, Chile, Francia, Italia, Japón, México, Nigeria, Corea del Sur, Sudáfrica, España y Gran Bretaña, y el comunicado fue leído por el embajador de Alemania, Christoph Heusgen, en un pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Corte Penal Internacional.

O-Gon Kwon. presidente de la Asamblea de Estados Miembros del tribunal que agrupa a 123 naciones, calificó en su momento  las sanciones estadounidenses de “inaceptables e inauditas” y dijo que era una afrenta a los esfuerzos por combatir la impunidad en los crímenes de guerra.

Pompeo ordenó en marzo de 2019 la revocación o el rechazo de visas a Bensouda y personal de la Corte Penal que investiga las acusaciones de crímenes de guerra y otros abusos por parte de fuerzas estadounidenses en Afganistán y otros lugares. También dijo que podría revocar visas de quienes iniciaran procesos contra Israel.

Los fiscales del tribunal iniciaron en 2015 una pesquisa preliminar en territorios palestinos que incluye la política israelí de asentamientos, supuestos crímenes cometidos por ambos bandos en el conflicto de Gaza de 2014 y ataques de cohetes de Hamas dirigidos a civiles israelíes, asumiendo así su función de exigir responsabilidades a responsables de genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en casos en los que no hubiera disponibles sistemas nacionales de justicia adecuados.

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó el Estatuto de Roma, pero su sucesor, George W. Bush, renunció alegando que temía que se procesara injustamente a ciudadanos estadounidenses por motivos políticos. Aunque Estados Unidos no es estado miembro, sus ciudadanos pueden ser procesados por delitos en países que sí son miembros, y Afganistán lo es desde mayo de 2003.

Richard Dicker, director de justicia internacional de Human Rights Watch, dijo que la declaración del lunes “transmite un firme apoyo a la CPO en la Asamblea General” y “supone un claro rechazo al empleo sin precedentes de sanciones por parte de Estados Unidos para socavar la labor de la CPI”. (AP)

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here