Para la Confederación Patronal de la República Mexicana, las reformas a la Ley de Hidrocarburos aprobadas por el Congreso federal, afectan la libre competencia, desalientan inversiones en ese sector, dañan los bolsillos de los consumidores y violan la Constitución.

La patronal dice en un comunicado que preocupan los riesgos que esta legislación representa para el Estado de Derecho, debido a que en el proceso legislativo no corrigieron disposiciones discrecionales que podrían derivar en un potencial abuso de autoridad.

Además, al validar posibles prácticas anticompetitivas en favor de uno sólo de los proveedores de combustibles, Pemex, los principales afectados serán los consumidores.

Los empresarios reiteran su preocupación porque con esta legislación se faculta a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía a suspender permisos en materia de hidrocarburos y petrolíferos, de manera discrecional y con temporalidad indefinida, ante “un peligro inminente” a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, sin que se hayan definido los supuestos normativos que regirán estas decisiones.

Otro tema preocupante es el ajuste al régimen de sanciones que permite revocar permisos expedidos a titulares que incumplan con los requisitos correspondientes o infrinjan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

Estas modificaciones legales permitirán a las autoridades determinar que las instalaciones y permisos tengan que ser operadas por Pemex, al ser revocados a los particulares.

Aunado a ello,se aprobó en Cámara de Diputados, una reforma a la Ley del Artículo 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, en la que se elimina el concepto “asimetría” y da nuevamente a Petróleos Mexicanos el control en la venta de combustibles, lo que repercutirá no sólo en la competitividad, sino en el bolsillo de las familias, al no tener opciones para comprar combustible más barato que el ofrecido por la empresa del Estado.

Coparmex coincide con la Comisión Federal de Competencia Económica, en el sentido de que la reforma que protege a Pemex frente a sus competidores, terminará afectando a los mexicanos, pues “Los mercados sólo operan en beneficio de los bolsillos de los consumidores y el interés público cuando están bien regulados”.

Además, preocupa que estos cambios a la ley se hayan realizado sin consultar a expertos y, más aún, en un proceso fast track que impidió discusión y debate informado sobre las afectaciones que estas medidas pueden tener para los consumidores, y que en el Senado se avale esta semana sin análisis profundo en el que participen diversos sectores.

La patronal aclara que apoya las acciones del Gobierno de México encaminadas a fortalecer el sector energético cuando se trate de combatir ilícitos y poner orden para que los permisionarios cumplan con sus obligaciones y operen en la legalidad.

Sin embargo, considera que para lograr estos fines no era necesario realizar las modificaciones legales que fueron aprobadas en el Congreso, ni establecer sanciones tan severas como la revocación de permisos por causas ambiguas.

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