Coparmex puso en tela de juicio el Decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se ordena “a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública” hasta el 27 de marzo del 2024.

El texto precisa que eso era necesario para complementar el marco legal de la Guardia Nacional durante el período en el que esta nueva corporación de seguridad pública desarrolla su propia estructura, capacidad e implementación territorial, sin embargo, la patronal considera que el Decreto desobedece recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que el Estado mexicano desmilitarice tareas de seguridad pública a través de fuerzas civiles como la Guardia Nacional.

Precisa que el Sector Empresarial está convencido que el Estado Mexicano debe cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que establece que cuando la Fuerza Armada intervengan en tareas de seguridad, excepcionalmente lo podrán hacer siempre y cuando sea de forma: Extraordinaria (actos justificados y temporales);

Subordinada y complementaria a las autoridades civiles; Regulada (con protocolos sobre el uso de la fuerza); y Fiscalizada (por órganos civiles e independientes).

Para Coparmex, con el Decreto presidencial se vulnera el principio de reserva de Ley, porque la Constitución no faculta al titular del Poder Ejecutivo Federal para calificar el funcionamiento de la Guardia Nacional, al ser esta facultad del Senado.

Asimismo, vulnera el principio de fundamentación y motivación, al omitir los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas que permitan supervisar las acciones de la Fuerza Armada mientras realice funciones de seguridad pública, dado que el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, indica que son atribuciones y obligaciones exclusivas de éstas y no de las Fuerzas Armadas.

Aclara que ante la falta de certeza jurídica, podría establecerse un esquema permanente de participación de la Fuerza Armada en funciones de seguridad pública, hecho que es contrario a nuestra Constitución y a las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano.

Asimismo, por los abusos e impunidad de la Fuerza Armada en el pasado, resulta necesario asegurar una fiscalización, su intervención en funciones de seguridad pública, tanto por el Congreso de la Unión, como por la propia sociedad en su conjunto, incluyendo la de órganos autónomos.

COPARMEX  añade que seguirá de cerca y dará seguimiento a la participación de la Fuerza Armada permanente en funciones de seguridad pública.

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