El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este lunes la ‘Ley Gabriela’,  que amplía la tipificación del delito de femicidio e incluye las relaciones de noviazgo y ‘pololeo’, término chileno que hace referencia a las relaciones informales.

 

La normativa lleva ese nombre porque se inspira en Gabriela Alcaíno y su madre Carolina Donoso, que murieron apuñaladas por un sujeto con quien la adolescente mantenía una relación informal en junio de 2018, y cuyos crímenes no fueron tipificados como femicidio, porque la ley considera ese delito cuando la víctima “es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor”.

 

Piñera hizo referencia a este caso y señaló que Gabriela, en algún momento de su corta vida, dijo que su mamá le había enseñado sobre el “amor propio” y que “nadie puede ponerle un dedo encima”.

 

Agregó que “eso reflejaba una actitud que es muy necesaria. Porque a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas”… y esto último detonó las protestas al poner en el mismo nivel al victimario y a las víctimas.

 

En redes sociales el presidente fue duramente cuestionado y le señalaron que “nunca la víctima tiene la responsabilidad de su abuso”.

 

La ministra de la Mujer, Isabel Plá, salió en defensa del presidente y señaló que lo que él quiso decir “no tuvo que ver nunca con salir a responsabilizar a las mujeres”.

 

La ‘Ley Gabriela’ modifica la tipificación actual del femicidio en Chile, principalmente, porque se incorpora a las parejas sin convivencia y agresiones dentro del ‘pololeo’.

 

Además, se establece la figura de femicidio por razones de género, que se considerará cuando la muerte se de Como consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual; producto de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u otra ocupación u oficio de carácter sexual: ser cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual; si el homicidio se produce con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima, y agravantes, como si la víctima está embarazada, es menor de 18 años o en condición de discapacidad, entre otros.

 

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