La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nombró a Sara Lovera López y a John Ackerman Rose como integrantes del Comité Técnico de Evaluación responsable de calificar la idoneidad de 4 nuevos integrantes del Consejo General de Instituto Nacional Electoral.

La CNDH indicó que su “compromiso democrático” no se agotará en la elección de sus 2 integrantes del Consejo, sino que “será vigilante en su desempeño del papel al que están llamados a cumplir, y garanticen no sólo un absoluto apego a la legalidad en su actuar, sino que además promuevan la participación ciudadana en todas sus decisiones”.

Las designaciones de la CNDH generaron controversia por decir lo menos, y en casos como los de la Coparmex, duras críticas.

La Confederación Patronal de la República Mexicana expresó en un comunicado su beneplácito con los perfiles que seleccionaron, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para integrar el Comité Técnico de Evaluación que evaluará a las y los aspirantes a los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Para la patronal, los seleccionados por el INAI y la Cámara baja cuentan con la independencia, prestigio y conocimientos necesarios para evaluar a los posibles 4 nuevos miembros del Consejo General del INE, quienes deberán preservar la autonomía del Instituto garante de los procesos electorales libres e imparciales en México.

Caso contrario es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que perdió una oportunidad para legitimarse, convalidando los intereses del partido en el Gobierno, cuyos excesos debería combatir, por lo que la patronal exigió a la  CNDH sustituya a los 2 perfiles que postuló, dado que no cumplen con el requisito de imparcialidad, teniendo un claro conflicto de intereses, lo que afectará la credibilidad del proceso.

Agrega que mientras el INAI nombró sus propuestas para el Comité Técnico de Evaluación en un proceso abierto y con reglas claras, eligiendo a investigadores inobjetables, la CNDH lo hizo en la opacidad y discrecionalidad, seleccionando de forma inconstitucional al esposo de una funcionaria y activista del Gobierno, e, incluso, consejero del Instituto de Formación Política de Morena. En cuanto a su otra propuesta, la CNDH al parecer ni siquiera consultó a la persona que pretendía nominar.

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