Con el fin de prevenir la comisión de delitos electorales y para fortalecer la denuncia contra servidores públicos que hagan mal uso de los programas sociales, los titulares de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti firmaron un convenio de colaboración.

El convenio  busca coordinar acciones entre ambas instituciones a fin de establecer y desarrollar estrategias para la capacitación, intercambio, difusión y divulgación de información para prevenir la comisión de los delitos electorales, fomentar la participación ciudadana, fortalecer la cultura de la denuncia, así como coordinar acciones de apoyo mutuo en materia de blindaje electoral.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se compromete por su parte a diseñar y actualizar un programa de capacitación continua presencial y a distancia para servidores públicos de la Secretaría de Bienestar.    para garantizar que los Programas Integrales de Bienestar no sean utilizados con fines político-electorales.

La Fiscalía también podrá tener presencia en operativos de dispersión de recursos, donde brindará información a los beneficiarios sobre los delitos electorales y cómo denunciarlos.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar se compromete a proporcionar la información solicitada por la Fiscalía Electoral en los casos en que se determine que existen servidores públicos involucrados en la utilización de programas sociales con fines electorales, pues esa conducta amerita prisión preventiva de manera oficiosa.

También difundirá en su página de internet un enlace al sistema FEDENET https://www.fepadenet.gob.mx, mediante el cual la Fiscalía Electoral brinda orientación y recibe denuncias en materia penal electoral, mismo que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

Para llevar a cabo una evaluación de resultados del convenio, la Secretaría y la Fiscalía realizarán un informe de actividades del proceso electoral respecto de los compromisos asumidos en dicho instrumento, mismo que deberán entregar a más tardar 60 días naturales después de concluida la jornada electoral.

 

 

 

 

 

 

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