El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana de viernes que han concluido las labores para recuperar los cuerpos de los 7 mineros fallecidos en el derrumbe de una mina de Múzquiz en el estado de Coahuila.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que “se logró rescatar a los 7 mineros que quedaron atrapados por el derrumbe de una mina en Coahuila, en un accidente se rompió una represa y quedaron atrapados desde hace 8 días”. Dijo también que en el rescate de los cuerpos se trabajaron 150 horas para conseguirlo.

López Obrador envió sus condolencias a las familias de los trabajadores fallecidos y reconoció la labor de las autoridades encabezadas por la secretaria federal de Trabajo, Luisa María Alcalde.

Las operaciones para la última recuperación de los restos de las víctimas concluyeron anoche, de acuerdo con la funcionaria y en una transmisión remota desde la mina, misma que fue enlazada durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Acompañado por el titular de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y la secretaria federal de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, el presidente dijo que  “enviamos de nuevo nuestro pésame a los familiares, se actuó pronto con muchos elementos buscando encontrar con vida a los mineros, en coordinación con autoridades locales de Coahuila”

La funcionaria expresó por su parte que “después de muchas horas de rescate, anoche se localizó el cuerpo del último minero de los siete que perdieron la vida tras el lamentable accidente (…), ofrecer nuestra solidaridad a las familias de las víctimas de este lamentable suceso”.

La tragedia se produjo el pasado 4 de junio, cuando las autoridades recibieron el reporte de desbordamiento de una mina inundada, con 7 trabajadores atrapados, que fallecieron ahogados en los túneles. La mina Micaram está ubicada en el municipio de Múzquiz, en la comunidad rural de Rancherías.

En un comunicado, el centro de Derechos Humanos Agustín pro señala que lo ocurrido golpea doblemente a las y los habitantes de la zona carbonífera, pues por 15 años han denunciado que de mantenerse las condiciones que dieron lugar a la explosión en Pasta de Conchos en 2006, habría nuevas víctimas mortales sin que las autoridades hayan tomado medidas efectivas de protección de la vida de los trabajadores en una región que vive y convive con esta industria.

Sin embargo, destacan que a diferencia de lo ocurrido hace 3 lustros en Pasta de Conchos donde perecieron 65 mineros cuyos cuerpos no fueron recuperados, en esta ocasión los trabajos de rescate de los cuerpos se mantuvieron hasta recuperar a todos.

Acusa que las ilegales condiciones de trabajo siguen siendo generalizadas en la mayoría de las empresas asentadas en la zona e incluyen la omisión casi total de medidas y equipo de seguridad, así como la falta de registro de trabajadores ante el IMSS, con lo cual en casos de accidentes, enfermedad o muerte, ellos y sus familias quedan en la desprotección.

A pesar de esto, los empresarios del carbón han logrado mantener su operación, burlando la ley y sin que sus contratos se vean afectados, hasta el grado de que, todo el carbón mineral obtenido de esta manera es comprado por la Comisión Federal de Electricidad.

Por ello, insiste este Centro de Derechos Humanos en que más que pronunciamientos o condenas públicas, lo que urge son medidas que eviten más muertes y accidentes: La prohibición legal de las llamadas “minitas de arrastre” o “cuevas” y los pozos de carbón; el compromiso público de la CFE de no comprar carbón extraído de este tipo de minería y la revisión de todos los contratos asignados, así como la cancelación de títulos mineros de todas las áreas que ya han sido explotadas, amén de una investigación diligente y exhaustiva que alcance a los empresarios y concesionarios responsables de la muerte de los trabajadores por no cumplir con las leyes y normas a las que están obligados.

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