La decisión de un tribunal en el sentido de ordenar la recaptura de militares implicados en la masacre de Tlatlaya, permitirá realizar una investigación exhaustiva y detener a los responsables, afirma en un comunicado el Centro Prodh.

La decisión judicial ordena detener de nueva cuenta a 7 elementos castrenses involucrados en la matanza ocurrida el 30 de junio de 2014 durante la administración de Enrique Peña Nieto, siendo acusados de ejercicio indebido del servicio público, encubrimiento y homicidio.

Destaca el Centro Prodh que la resolución del tribunal confirma que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, tal y como lo han señalado por 5 años las sobrevivientes y los organismos de derechos humanos.

Asimismo, apunta que la decisión acredita que las autoridades civiles y militares encubrieron los homicidios y evidencia que el análisis del magistrado que dejó en libertad a los militares fue parcial.

Más aún, el Centro precisa que se regresa al Poder Ejecutivo la responsabilidad de aprehender y someter a proceso a los perpetradores, realizando una investigación exhaustiva y concuerda con los recientes cuestionamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU a México sobre mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas en ejecuciones arbitrarias.

Añade que la resolución judicial abre la puerta para avanzar en dicha rendición de cuentas en un entorno marcado por el uso desproporcionado de la fuerza letal, pues para terminar con las violaciones a derechos humanos no sólo se requiere cambiar las órdenes, sino también llevar ante la justicia a los perpetradores.

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