Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben dar prioridad a grupos de alto riesgo en la vacunación contra el COVID-19 y garantizar transparencia en el diseño y aplicación de programas de vacunación y en sus acuerdos con empresas farmacéuticas, dice Amnistía Internacional.

En un informe menciona que “el comienzo de la vacunación contra el COVID-19 ha generado esperanza en una región que atravesaba múltiples crisis de derechos humanos, muchas agravadas por la pandemia. Un año después del inicio de los confinamientos en América Latina y el Caribe, los gobiernos deben aprovechar la oportunidad de la vacunación para reducir desigualdades, no para aumentarlas”, según Erika Guevara Rosas, Directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Ante las elecciones presidenciales y legislativas previstas en varios países de la región en 2021, el informe advierte que presiones políticas y corrupción podrían afectar el acceso a vacunas y el derecho universal a la salud.

Asimismo, insta a los gobiernos a realizar consultas a la hora de diseñar programas de vacunación y a garantizar que ni los grupos de riesgo ni los grupos discriminados y marginados como los pueblos Indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiadas, opersonas privadas de su libertad, se quedan atrás en la recepción de vacunas.

“Dado que este año celebran elecciones 10 países en una región donde es habitual la corrupción del sector sanitario, existe el peligro de que los gobiernos utilicen las campañas de vacunación con fines políticos…La salud es un derecho humano que en ninguna circunstancia debe ser socavado por la política”, subraya Guevara Rosas.

Amnistía Internacional pide a los Estados garantizar acceso a información y transparencia, fundamentales para un programa de vacunación adecuado. Las farmacéuticas, aunque están suministrando vacunas esenciales, también han socavado la transparencia de las negociaciones con los países de la región, con posibles repercusiones en el acceso universal a las vacunas.

Además de realizar docenas de entrevistas, la organización solicitó a 17 países datos de las negociaciones y contratos de sus gobiernos con empresas farmacéuticas. Aunque 7 respondieron a la solicitud, sus respuestas no eran completas.

En el momento de redactarse el informe, 13 países de la región habían hecho públicos sus programas de vacunación. Pocos habían consultado con personas expertas, comunidades y sociedad civil durante la fase de diseño, y algunos no habían tenido en cuenta a poblaciones de riesgo.

Amnistía Internacional ha recibido informes de México, Perú y Brasil según los cuales se está vacunando a personal hospitalario administrativo o directivo antes que a trabajadores y trabajadoras en primera línea que tratan pacientes de COVID-19. Sólo 6 países tienen registros razonablemente actualizados sobre el número de trabajadores y trabajadoras de la salud que han contraído la COVID-19 durante la pandemia.

Más aún, varios países tienen escasez de personal sanitario: el número de personas médicas y enfermeras per cápita es muy inferior al umbral que la OMS considera como mínimo necesario para ofrecer servicios de salud básicos en los países más pobres del mundo.

Aunque varios países han incluido a los pueblos indígenas entre los grupos prioritarios de su programa de vacunación, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana no mencionan protocolos específicos para los pueblos indígenas en sus programas.

Asimismo, Chile, Colombia, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, han obstaculizado el acceso a vacunas de las personas refugiadas y migrantes, o lo han bloqueado a pesar de que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ha afirmado que incluir a estos grupos en los programas de vacunación es imprescindible para acabar con la pandemia.

Aunque muchos gobiernos han prometido públicamente que las vacunas de COVID-19 serán gratuitas para toda la población, sólo 9 de los 17 países incluidos en el informe lo han confirmado en sus programas oficiales o han aprobado la normativa correspondiente.

“Los Estados deben cumplir su deber de garantizar que las vacunas sigan siendo gratuitas en el lugar donde se prestan los servicios de salud. Los gobiernos deben prohibir por ley su compra directa por particulares y considerar la posibilidad de sancionar a individuos y organizaciones privadas que eludan el programa de vacunación nacional u obstruyan indebidamente las medidas del Estado para garantizar un acceso equitativo a las vacunas”, concluye Guevara Rosas.

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