La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia procesó el jueves un informe de la comisión especial que investigó las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, ocurridas en octubre de 2019, donde se recomienda enjuiciar a la presidenta de facto saliente, Jeanine Áñez y  varios de sus ministros.

El texto recomienda juicio de responsabilidades a la mandataria, “por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas”.

Más aún, el comunicado recomienda procesos penales contra 11 ministros y exministros de Áñez por “vulneración de derechos y garantías constitucionales”, que  provocaron “la muerte de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos en represiones policiales y militares, tras las elecciones generales del 2019”.

Por su parte, la Cancillería de Bolivia envió una carta a Naciones Unidas para denunciar supuestas “acciones ilegales y arbitrarias” por el Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa, y que, según el gobierno derivado de un golpe de Estado contra Evo Morales, ponen en riesgo la “institucionalidad democrática”.

Días antes de la toma de posesión del presidente electo, Luis Arce. la canciller del gobierno de facto, Karen Longaric, solicitó a la ONU el envío de observadores internacionales para que supervisen el proceso de transición el próximo 8 de noviembre.

El diputado Víctor Borda dijo que la Comisión que investigó los casos y que él mismo preside “no puede adoptar el rol del Ministerio Público”, limitándose a “sugerir”, añadiendo que lo que sugiere es “juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria, contra el Ministro de Gobierno, y de las Fuerzas Armadas y algunos comandantes policiales y militares que intervinieron en esta masacre. Eso es lo que ha sido aprobado por la Asamblea”.

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