Por considerar que el Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa, el equipo de abogados de Rosario Robles presentó una denuncia en su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se solicitó apoyo para que sea puesta en libertad de inmediato.

Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de Robles Berlanga, en compañía de Xavier Olea y Magin Puig abogado que reside en Washington, acudieron a la sede de la CIDH para interponer la denuncia contra Delgadillo Padierna, por violar la Constitución, leyes procesales y tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal.

Argumentan que si bien se reconoce que los hechos materia de esta denuncia se encuentran en trámite ante diversas autoridades, se trata de una detención ilegal, motivo de un Tribunal de Estado, el cual pertenece al Estado Mexicano, al igual que las autoridades responsables que habrían de resolver los recursos pertinentes, cuestión que haría nugatoria la protección de los derechos de la víctima.

Por otro lado, afirman que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas, solo retarda el acceso a su derecho y prolongar el encarcelamiento ilegal de que ha sido objeto, y que de manera infundada e imparcial el Juez decretó la prisión preventiva.

A juicio de los abogados, Delgadillo cometió una flagrante violación al principio de justificación, mínima intervención y proporcionalidad, pues es evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a Robles y las circunstancias del caso en concreto.

Dicen que con la prisión preventiva, “se conculcan los Derechos Humanos consagrados en Tratados Internacionales de los que es parte México, en específico los principios de presunción de inocencia, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal, defensa técnica y adecuada, acceso a la justicia y protección de injerencia arbitraria”.

La defensa legal de la ex secretaria de estado solicitó a la CIDH “se apliquen medidas cautelares, para que cesen de inmediato las acciones que mantienen a la hoy víctima María del Rosario Robles Berlanga privada ilegalmente de su libertad y sometida a un encarcelamiento ilegal y arbitrario por parte del Estado Mexicano”.

También solicitaron se tome en cuenta que enfrenta una situación especialmente grave, ya que la tienen detenida de forma arbitraria, en ausencia de datos de prueba que justifiquen una prisión preventiva y declarando dogmáticamente que hay riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia, cuando su conducta procesal y el cúmulo de pruebas aportadas demuestran exactamente lo contrario.

Hernández Barros y Olea Trueheart pidieron a la CIDH emitir la recomendación correspondiente a las autoridades responsables por la violación a los derechos humanos de su defendida y conceder con la urgencia que el caso amerita las medidas cautelares que se solicitan, tomada consideración que la señora María del Rosario Robles Berlanga, se encuentra indebidamente privada de su libertad.

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