La organización Causa en Común afirma que 2019 será el año más grave en materia de seguridad pública en la historia moderna de México, mientras que la respuesta del gobierno federal se ha dado a través de acciones inadecuadas, fallidas e inconsistentes.

Durante la presentación del informe “¿Cómo vamos en Seguridad Pública en el primer año del nuevo gobierno?”, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, señaló que los errores en materia de seguridad se han visto reflejados en que 2019 será el año más inseguro en la historia moderna del país, la seguridad se militarizó, se debilitaron las instituciones de seguridad pública, el presupuesto en seguridad es insuficiente, hubo modificaciones legales con afectaciones a derechos, no existe una auténtica atención a víctimas y hay deficiencias en la manera de comunicar asuntos de seguridad

Reveló que pese al control militar de la seguridad civil, los delitos de alto impacto han registrado un aumento en los primeros meses del actual gobierno. En el periodo  diciembre 2018-octubre 2019 se registraron 32 mil 565 víctimas de homicidio; 933 de feminicidio; 1,564 de secuestro y 7 mil 915 de extorsión, con porcentaje al alza del 3%, 17%, 13% y 35%, respectivamente.

Explicó que “diariamente se comenten en el país 99 asesinatos, 3 feminicidios, 5 secuestros y 24 extorsiones por lo que si la tendencia de homicidios continúa, el año cerrará con 31 homicidios por cada 100 mil habitantes y un promedio diario de 110 asesinatos”.

Dijo que la crisis de violencia que vive el país se ve agravada por la falta de denuncia formal, seguimiento de delitos e impartición de justicia. “los delitos que no se denuncian ni se investigan, conocidos como cifra negra, alcanzan  93% en promedio a nivel nacional, pero en casos como las extorsiones la cifra negra es del 97.9%”.

El informe de Causa en Común apunta que las acciones en materia de seguridad de la actual administración, como la creación de la Guardia Civil, ponen a la SEDENA al frente de la seguridad pública lo que implica debilitamiento de cuerpos de policía local y militarización de cuerpos de protección ciudadana en el país.

Morera aseguró que “los criterios de despliegue y operación de la Guardia Nacional son inciertos, no han sido explicados de manera clara y sus labores van desde atender delitos de alto impacto hasta cuidar niños cuando regresan a clases”. Adicionalmente las actuales acciones de seguridad del gobierno buscan debilitar los cuerpos de policía local, pues fueron dotados de un presupuesto insuficiente, lo cual dificulta su profesionalización y desarrollo.

Asimismo, añadió que los asesinatos de policías se han convertido en problemática creciente y hasta el 2 de diciembre de 2019 han sido asesinados 382 policías. La situación se agrava con las condiciones laborales de los elementos de seguridad pública: “no cuentan con prestaciones mínimas de ley, no existe una carrera policía, no hay condiciones para una capacitación adecuada, y los elementos trabajan jornadas laborales de 24 horas o más, percibiendo salarios mensuales inferiores a los 15 mil pesos”.

El informe refiere que el presupuesto destinado a la seguridad creció de 2018 a 2019 en 873 Millones de pesos, apenas el 0.9% del PIB, cuando los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico destinan en promedio 3% de su PIB en acciones de seguridad pública, orden y defensa.

Otro aspecto preocupante de las acciones de seguridad de la actual administración es la serie de modificaciones legales con afectaciones a derechos.  En lo que va del año, en materia de seguridad la Constitución ha sido reformada con el objetivo de militarizar la seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional, y se han presentado modificaciones a la ley que afectan el principio de presunción de inocencia, la extinción de dominio y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Otro de los asuntos graves es la “deficiencia de comunicación en torno a la seguridad”. Una muestra de ello son las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República, ya que gran parte de la información que se ha dado a conocer en dichos encuentros con la prensa no es comprobable.

Causa en Común emitió una serie de recomendaciones y propuestas al Gobierno Federal en materia de seguridad, tales como incluir un cuerpo nacional para el desarrollo policial, cumplir con la obligación de que la Guardia sea realmente civil, ejecutar un plan de control de penales, despenalizar la marihuana, desarrollar una política de prevención y mecanismos de supervisión que incluyan a las policías.

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