El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad presentó el Análisis del comportamiento de delitos en 2020. “Enfoque especial en homicidio doloso”, el cual destaca que durante el año pasado la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico, la violencia de género se agudizó, la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior.

Todo como resultado, según Este organismo,  de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende “pacificar al país” y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno.

El director general del ONC, Francisco Rivas, consideró difícil asegurar que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos se las víctimas de homicidio sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal.

Este porcentaje, dijo, refiere más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde

que se tiene registro.

“No se observa alguna política pública especifica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa”, señaló.

El análisis del Observatorio indica que la ligera tendencia a la baja se observa a partir del inicio de la pandemia y que marzo fue el mes con más víctimas desde que se tiene registro, que la disminución de la movilidad y de vulnerabilidad de las personas tan solo tuvo un efecto mínimo en el número de víctimas de homicidio.

Rivas dijo que, hasta el pasado noviembre, 2020 seguía siendo el año con más víctimas. La disminución anual, explicó, se debe a un descenso importante en el mes de diciembre. Para hablar de una tendencia efectivamente a la baja, detalló, debería existir evidencia de descensos continuos y constantes.

“El descenso de un mes puede deberse a efectos estacionales o de características específicas del mes” dijo Rivas, y advirtió que el recorte presupuestal que han

tenido diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos, así como dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Por ello, recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. El presupuesto  no debe ser manejado políticamente, y fue más allá al establecer que la comunicación de  las autoridades debe ser clara y transparente, sustentada en datos y con metodología clara y replicable.

El  informe señala que a pesar de las deficiencias en el registro e investigación de los feminicidios, 3 de cada 4 se investigan como homicidio doloso de mujer, y 2020 fue el año con más víctimas de este delito desde que se tiene registro.

El documento destaca que 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que recomendó retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. El abandono de las políticas de protección  de estos, dijo, favorece que sean vulnerables, sobre todo en un contexto de pandemia.

También aconseja poner atención y desarrollar estrategias para prevención y reducción de homicidios de personas vulnerables como periodistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

El análisis advierte que el próximo proceso electoral se inserta en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular. En todo el país, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se han registrado  52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público.

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